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| En su condición natural, el rió Chaveru es uno de los lugares mas bellos de El Pauji. |
Por Morelia
Morillo
Quienes durante la temporada de vacaciones
que termina escogieron El Paují como su destino, desafortunadamente, no
pudieron bañarse en sus ríos.
Los visitantes dijeron estar sorprendidos por la condición de la
Poza Paují, absolutamente tapada por la arena y por la turbiedad del Chaverú;
estos son dos de los principales ríos del lugar y los viajeros debieron
internarse hacia El Cajón y La Gruta para conseguir aguas limpias.
No obstante,
en La Gruta se consiguieron con un grupo de mineros instalando sus máquinas
para comenzar a operar al cierre de la temporada de turismo.
La situación se presentó también en la
parte alta del sector oriental del Parque Nacional Canaima: el majestuoso río
Kamá también estuvo sucio porque un grupo de personas continúa trabajando sobre
el río Uroi Uarai en el sector alto de la cuenca.
Por petición de los turistas y algunos
vecinos, los efectivos del puesto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de
Peraitepui visitaron El Paují en varias
oportunidades a partir de la tercera semana del mes , pero se consiguieron con
que los mineros habían salido del Chaverú y que el cauce estaba limpio.
Acuerdos
incumplidos perturban desenvolvimiento comunal
El Paují es una comunidad mixta, en donde
habitan familias indígenas pemón y no indígenas, ubicada a 80 kilómetros de
Santa Elena de Uairén en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, en la
frontera venezolana hacia el Brasil, en donde está prohibida la minería.
La prohibición parte de la importancia de
estas cuencas para la hidroelectricidad de la cual se sirve al menos el 70% de
la población del país.
Sin embargo, tras los acuerdos alcanzados entre
las autoridades y las comunidades indígenas pemón en febrero de 2013, se
permite la extracción de minerales preciosos siempre y cuando se trabaje lejos
de los ríos, de forma artesanal y se
reforesten las áreas afectadas.
En la práctica, sin embargo, crece el
tráfico de combustible y esto ocurre porque cada vez más mineros, indígenas y
no indígenas, instalan sus maquinarias en el lecho de los ríos, alteran los
cauces naturales, ensucian las aguas, facilitan la sedimentación, extraen las
riquezas y se marchan sin recuperar las zonas intervenidas ni devolver las plantas a sus sitios habituales.
En la comunidad de El Pauji se ha discutido
acerca del impacto de la minería sobre el espacio geográfico del pueblo. En
estos encuentros, el capitán Rogilio Campino ha manifestado que los acuerdos a
los que se llegó con los mineros no se están cumpliendo es decir que ensucian
las aguas y no reforestan.
El incumplimiento
de los compromisos en esta materia es un motivo de preocupación para las
Mujeres del Agua, puesto que, de acuerdo con la experiencia de Carmen Raquel
Benavides, quien fue capitana y hoy forma parte de la Fundación, estas
situaciones llevan a las autoridades indígenas a intervenir a través de las
denuncias o de las intervenciones directas en las áreas devastadas, dos
recursos que suelen ser una fuente de conflictos en la comunidad y obstáculos para la consecución de proyectos
comunes.
Sucede es que, a diferencia de lo
que ocurre en otros países latinoamericanos, en la Gran Sabana venezolana no
hay compañías transnacionales haciendo minería sino hombres y mujeres indígenas
y no indígenas, tanto venezolanos como extranjeros ilegales.
Estas personas trabajan con máquinas de
hasta seis cilindros perforando enormes sabanas o removiendo el material del
lecho de los ríos en donde hacen enormes boquetes.
Como, en términos formales, la minería está
prohibida en estos espacios, sobre los cuales existen medidas de protección
ambiental, la actividad se realiza de forma clandestina, el estado no percibe
nada por los recursos extraídos del subsuelo y ante la impunidad se ha
fortalecido la indiferencia entre quienes por tradición se inclinaron por la
conservación de las selvas y ríos de Gran Sabana.
Autoridades deben
actuar
Como conocedoras de la situación y de las
perturbaciones que surgen dentro de la comunidad, cuando las autoridades
indígenas intentan frenar los daños causados por la minería, en Mujeres del Agua
se estima que lo prudente es que las supervisiones sean realizadas por las
instituciones con competencia ambiental, como el Vice Ministerio de Ambiente,
ahora adscrito al despacho de Vivienda y Hábitat y la propia Guardia Nacional
Bolivariana (GNB), que, al menos quincenalmente, visiten los ríos y documenten
mediante fotos y videos la situación de estos lugares para levantar una base de
datos.
En cuanto a los
operativos ordenados por el Ejecutivo Nacional, reflexionan que “en vez de ser
operaciones militares puntuales muy costosas tendrían mas impacto apoyando y
supervisando a los funcionarios locales para garantizar que los ríos queden
limpios”.
