viernes, 24 de abril de 2015

Nuevas invasiones impactan cuenca hidrográfica y comunidades indígenas de Gran Sabana

 
Estos morichales se encuentran entre la comunidad indígena de Sampai y Santa Elena de Uairén. Fotografía: Morelia Morillo R.

Por Morelia Morillo Ramos 

Desde comienzos de 2015, una nueva ola de invasiones se produce en los extremos de la ciudad capital del municipio Gran Sabana, Santa Elena de Uairén.

Santa Elena alberga alrededor de 25 mil habitantes y es el último centro poblado venezolano hacia el sureste profundo del país, en la frontera con Brasil.

Para la Fundación Mujeres del Agua, este tema requiere de inmediata atención.

Se trata de la única zona no indígena en un municipio que constituye el territorio ancestral del pueblo indígena pemón y además un centro poblado rodeado de áreas protegidas por su condición de productora de agua. Es la Cuenca Hidrográfica del Caroní, generadora del 70% de la electricidad nacional.

En los últimos 17 años, en Santa Elena se han producido al menos 17 ocupaciones ilegales de tierras; se dan a razón de una por año, si bien hay años en los que no se registran intervenciones no autorizadas de terrenos, al año siguiente se producen de dos a tres urbanismos precarios e improvisados.

Estas ocupaciones han devastado tierras húmedas con posibilidades agrícolas como en el caso de Kewei I y II, espacios boscosos, como en el caso de las barriadas bautizadas como El Salto y Simón Bolívar y más recientemente humedales generadores de agua como en el caso de Caño Amarillo.

Las invasiones contravienen leyes nacionales y locales. Sin embargo, con el pasar del tiempo, los ocupantes han recibido permisos de ocupación y de construcción por parte de la Alcaldía, lo cual les atribuye derechos sobre las bienhechurías, aunque no sobre la tierra, ya que en el municipio aún no se define el alcance de las tierras indígenas y por tanto hasta dónde llegan los terrenos no indígenas.

En estas barriadas se juntan viejos habitantes de Santa Elena de Uairén, quienes argumentan que ocupan porque no tienen casa y nuevos migrantes, que se desplazan desde las ciudades venezolanas en donde se ven sometidos a altos índices de inseguridad y desempleo, como Ciudad Bolívar y San Félix, ambas ubicadas en el estado Bolívar al cual pertenece la Gran Sabana.

Lamentablemente, como en Santa Elena hay pocas oportunidades de emplearse, los nuevos habitantes pasan a engrosar las largas filas de espera en las estaciones de venta de combustible para luego vender la gasolina a los brasileros o traficarla, burlando todos los controles vigentes, hasta las minas de oro y diamante que proliferan en esta frontera.

En Venezuela, el litro de gasolina cuesta menos de un bolívar por litro, mientras que en Brasil cuesta 3, 7 reales, al cambio alrededor de 250 bolívares y en las minas de Gran Sabana un tambor con 200 litros se comercializa fácilmente hasta en Bs. 18 000 es decir en Bs. 90 por cada litro.

Otros migrantes se van a las minas, que en general se ubican en las comunidades indígenas, atraídos por la ilusión del oro y el diamante y los menos se dedican al cambio de bolívares venezolanos por reales brasileros en el mercado paralelo; a pesar de que en el país existe un régimen de control de cambio desde hace una década, este es un negocio que les resulta muy lucrativo.

En esta oportunidad, en 2015, cientos de familias ocuparon un morichal es decir un humedal o naciente de agua poblado de las palmas conocidas por los pemon como moriches. El lugar se encuentra en los límites entre la capital municipal y la comunidad indígena de Sampai, mientras que otros intentaron ocupar los conucos ubicados en el extremo sur de Santa Elena hacia la comunidad indígena de Maurak, pero la comunidad se movilizó y la avanzada se frenó de inmediato.

El Parque Municipal Piedra Canaima, constituido por la zona boscosa que limita con las urbanizaciones de Colinas y Lomas de Piedra Canaima, también ha sido víctima de nuevas deforestaciones a la altura de Colinas de Santa Elena, una barriada también conocida como Los Araguatos pues antes de que esta zona fuera invadida era el hábitat de los monos aulladores.


jueves, 9 de abril de 2015

Indígenas pemón reflexionan con respecto a los pasivos ambientales en sus territorios

Impacto de la minería en el Río Ikabarú. Fotografía: Cortesía.

Por Morelia Morillo

Mientras avanzan en la presentación de los requisitos que el estado venezolano les exige para otorgarles la titularidad sobre de sus tierras ancestrales, las autoridades del pueblo indígena pemón analizan el tema de los pasivos ambientales existentes en las zonas que reclaman.
Lisa Henrito, asesora del Consejo de Caciques del Pueblo Pemón, explicó que en cada uno de los sectores en reclamo existen espacios deteriorados por la intervención humana, tanto por obras de infraestructura como por la explotación de oro y diamante.
A partir de Sierra de Lema, por donde se accede al Sector Oriental del Parque Nacional Canaima, se pueden observar las trochas y la deforestación que dejó la construcción del tendido eléctrico mediante el cual la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) suministra energía a buena parte del estado de Roraima, en el extremo norte de Brasil.
En el Sector Seis, correspondiente a Santa Elena de Uairén, se encuentra la Concesión Minera Cocsa 7 y en los territorios pemón ubicados en el municipio Sifontes del estado Bolívar la transnacional minera Placer Dome, cada una en grandes espacios de terreno que le fueron facilitados para su explotación.
Un caso específico
En abril de 2013, el sector VII-Ikabarú recibió su Título colectivo del hábitat y tierra de los pueblos indígenas de parte de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Ese documento constituyó el primer  título otorgado a los pemón; en ese caso, por una extensión de 597 982, 87 hectáreas, en donde hacen vida 15 comunidades, un total de 1 165 familias, 4 650 personas.
A propósito, Juan Gabriel González, capitán general del sector VII, explicó que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), el título faculta a los pueblos ancestrales y  sus autoridades autóctonas a ser garantes y administradores de su territorio.
Sin embargo, explicó Henrito, las autoridades indígenas se toparon con una serie de concesiones mineras otorgadas a personas o cooperativas no indígenas.
En algunos casos, la autoridad indígena decidió el cese de los permisos de explotación minera, pero en todo caso ni las autoridades ancestrales ni su gente disponen de los recursos y del conocimiento técnico para solventar los perjuicios ambientales existentes.
La propuesta de Henrito apunta a la posibilidad de concretar en el mismo documento de titularidad qué ocurrirá con esas áreas en donde se han llevado a cabo movimientos de tierras, deforestación y otros.