martes, 11 de octubre de 2016

Comunidades indígenas acompañan a autoridades para preservar seguridad


La llegada de personas a Santa Elena se aceleró ante el desabastecimiento de alimentos y medicinas que sufre Venezuela. Desde las zonas más pobladas, desde el centro y occidente venezolanos, vienen diariamente cientos de personas para comprar harinas, arroz, pasta, aceite y fármacos del lado brasilero de la frontera..Fotografía: Morelia Morillo
Por Morelia Morillo

Desde hace un mes y tres días, un equipo de 60 indígenas pemón (dividido en grupos de 10) acompaña a las autoridades civiles y materiales para que "hagan su trabajo" y así preserven el orden y la seguridad en Santa Elena de Uairén.

Santa Elena, con alrededor de 25 mil habitantes, es la capital del municipio Gran Sabana, territorio ancestral del pueblo indígena pemón. No obstante, es la principal población no indígena de la jurisdicción venezolana fronteriza con Brasil.  Un lugar que hasta hace cinco años era uno de los pueblos más tranquilos del país y en donde se han disparado los hurtos, atracos y asesinatos.

"Es un problema de Santa Elena, pero estamos claros que ha afectado a las comunidades indígenas", nos conversó Lisa Henrito, una lideresa pemón que se sumó al equipo que acompaña a los Caciques Generales y a las autoridades no indígenas, civiles y militares, en torno a la inseguridad.

El cinco de septiembre pasado, una familia de origen sirio sufrió un atraco en su casa. Tres de los cuatro miembros de la familia fueron asesinados y de inmediato la comunidad presionó hasta lograr la salida de la Policía del Estado Bolívar (PEB). 15 días después se comprobó que efectivamente dos agente de la PEB estaban vinculados al suceso que conmovió a esta población.

En poco más de un mes, mientras permanece intervenida la PEB en Gran Sabana, los cuerpos de seguridad arrestaron mediante puntos móviles y fijos y redadas a 200 delincuentes de alta peligrosidad solicitados por diversos delitos.

Uno de ellos era requerido en tres de las 23 entidades del país por haber cometido igual cantidad de asesinatos y sin embargo hacía vida en Santa Elena tras burlar las 14 alcabalas ubicadas a lo largo de la vía que conduce a esta frontera.

Henrito dijo que la comisión detectó que muchos delincuentes e indocumentados se refugian en las invasiones que han proliferado en Santa Elena, como Caño Amarillo, mientras que otros se internan en las minas de oro y diamante por tratarse de espacios distantes al margen de la ley. Santa Elena se encuentra a 1300 kilómetros de Caracas y a 750 de Ciudad Guayana, la urbe más cercana.

Se evaluó que si bien Santa Elena surgió, hace más de ocho décadas, como un pueblo minero en donde simultáneamente se instalaron los prostíbulos y luego se popularizó el contrabando de combustible, tanto para servir a las minas como para su venta a los visitantes brasileros, esa migración se aceleró ante el desabastecimiento de alimentos y medicinas que sufre Venezuela.

Desde las zonas más pobladas, desde el centro y occidente venezolanos, llegan diariamente cientos de personas para comprar harinas, arroz, pasta, aceite y fármacos del lado brasilero de la frontera.

Por lo pronto, la misión de los representantes de las comunidades indígenas más cercanas a Santa Elena (de Manak Krü, Maurak y Santo Domingo) es vigilar para que las autoridades hagan su trabajo: detengan el ingreso de delincuentes e indocumentados, limiten el ejercicio de la prostitución a las centros que cuentan con sus permisos, controlen las estaciones de servicios de acuerdo a las ordenanzas ya sancionadas, se desalojen y eviten las invasiones y se controle el caos reinante en el Terminal Internacional de Pasajeros.

Como soluciones, a mediano y largo plazo, las comunidades indígenas y no indígenas manejan 23 propuestas. Entre ellas destacan el establecimiento de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en Gran Sabana, para sean jóvenes nacidos y formados en la zona quienes ejerzan como policías acá.

Mientras que los voceros de la PEB insisten en la posibilidad de traer a esta frontera 60 efectivos recién graduados y sin una tachadura en su expediente.












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