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| Los saqueos del 17 de diciembre constituyeron el primer evento de este tipo desde de la fundación de la capital del municipio Gran Sabana, territorio ancestral del pueblo indígena pemón, hace poco más de ochenta años. Fotografía: Morelia Morillo. |
Por Morelia Morillo
El 17 de diciembre pasado, Santa
Elena de Uairén sufrió una jornada de saqueos. Ese sábado, seis negocios fueron
arrasados en dos horas y media.
Fue el primer evento de este tipo
desde de la fundación de la capital del municipio Gran Sabana, territorio
ancestral del pueblo indígena pemón, hace poco más de ochenta años.
En respuesta, la población salió
a la calle para defender los locales, las mercancías y a los comerciantes, que
en su mayoría son vecinos de vieja data.
Se defendieron con palos, piedras
y botellas de un centenar de mujeres y hombres que a su pasó cargó con carne,
pescado, pollo, prendas de vestir, accesorios para celulares y ropa interior
femenina, dejando en el piso el mobiliario de los establecimientos.
En medio de la revuelta, 87
personas fueron detenidas.
Según el alcalde, Manuel De Jesús
Vallés, alrededor de 70% de los detenidos, muchos de ellos, capturados con el
producto del saqueo en sus manos, eran ajenos a la población; trascendió, que
más de 20 de las mujeres detenidas se dedicaban a la prostitución en las calles
de Santa Elena, a donde llegaron desde las principales ciudades del país
atraídas por el dinero de los mineros.
Aparte, quienes habitaban en la
localidad residían en su mayoría en Caño Amarillo, una invasión que se
materializó hace cinco años en terrenos de la comunidad indígena de Sampai.
Los saqueos reavivaron los
diagnósticos sobre el deterioro de esta población fronteriza que pasó de ser un
sitio tranquilo, moderadamente minero, con un comercio próspero y con clara
vocación turística, a ser, en no más de tres años, un pueblo principalmente
minero, con un comercio anárquico, codiciado por los invasores, los contrabandistas
de gasolina, las prostitutas y de pronto asediado por inseguridad
característica de otras regiones venezolanas.
Entre otras razones, Manuel de
Jesús Vallés dijo, durante su intervención en la Cámara Municipal, reveló que
el 80% de la gasolina que sale de las dos estaciones de servicio de las que
dispone esta modesta ciudad se va a las minas, que en su mayoría son ilegales y
que encuentran en el contrabando el combustible que necesitan y que hay que
limitar la prostitución al único local legal.
Lisa Henrito, una de las
principales lideresas del pueblo pemón y de la Comisión de Seguridad Indígena,
fundada a mediados de años, recordó que en el diagnóstico que se elaboró a
propósito del surgimiento descontrolado de la inseguridad destacan 25 puntos.
Entre esos aspectos sobresale la urgencia
de erradicar las invasiones como método para urbanizar los territorio que por
tradición pertenecen a los pemón, de
limitar el ingreso de personas con antecedentes a las zonas mineras y de
controlar el tráfico de combustible y de
la prostitución.
Líderes indígenas y no indígenas
también coincidieron en el saneamiento
de Caño Amarillo, una barriada en donde se refugian delincuentes solicitados en
otros lugares del país.
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