Caciques pemón definieron normas para la minería en la cuenca del río Caroní

En el encuentro de San Antonio se elaboró además una resolución dirigida al Ejecutivo Nacional, considerando como positiva la reanudación del diálogo "para buscar mecanismos viables y factibles para la búsqueda de soluciones estructurales con respecto a la situación de las comunidades indígenas ubicadas en la cuenca del río Caroní"; se solicita la eliminación del Bloque Especial Ikabarú del plan Arco Minero del Orinoco y la renovación de las vocerías de las comisiones de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas para "acelerar los procesos de titulación". Foto tomada del perfil FB de Ángel Páez del Consejo de Caciques Generales.

Por Morelia Morillo

Después de tres días de discusiones, a comienzos de este mes de noviembre, los caciques pemón (o capitanes) generales y comunitarios de los sectores ubicados dentro del municipio Gran Sabana del estado Bolívar acordaron un total de 13 normas para la actividad minera en la cuenca del Caroní.

La Asamblea General del Consejo de Caciques Generales y Comunales del pueblo pemón, que se celebró en la comunidad indígena de San Antonio del Morichal, ubicada a 10 kilómetros de Santa Elena de Uairén, la capital de la última jurisdicción venezolana hacia el sureste, contó con alrededor de 560 asistentes por día. El acuerdo final, vale destacar, fue respaldado por 378 personas.

La primera medida fue suspender la minería de aluvión, que se realiza mediante balsas en el cauce de los ríos, en los sectores Urimán, Ikabarú, Wonkén, Santa Elena de Uairén, Kavanayén y Kamarata del municipio Gran Sabana, territorio ancestral del Pueblo Pemón y ubicar áreas de explotación que no afecten la cuenca del río Caroní.

Esos espacios, se explica en el segundo de los acuerdos alcanzados, deberán distanciarse entre 500 a 1000 metros de los afluentes y del propio río Caroní y se permitirá el trabajo minero siempre y cuando sea ejecutado principalmente por indígenas pemón e incluso por mestizos, es decir por hijos de padre o madre pemón, que presenten un proyecto para la recuperación de las áreas afectadas y dediquen al menos tres días por mes a las tareas rehabilitación.

Cada comunidad "deberá implementar el sistema de viveros para la recuperación de las áreas afectadas" y velar por la educación ambiental de los niños y niñas en las escuelas.

Se acordó que se intensificarán las acciones del Cuerpo de Seguridad Territorial para evitar el ingreso de personas foráneas con antecedentes penales, de alcohol en exceso, de drogas y de dinero procedente del narcotráfico para la compra de oro.

También se convino identificar y sancionar a los caciques e indígenas en general que se relacionen con la delincuencia organizada con la finalidad de traficar drogas o armas.

En el sexto de los puntos acordados se indica que sólo se permitirá el ingreso a los residentes no indígenas que "hacen vida" en las poblaciones de Ikabarú, El Polaco y El Paují "quienes por estar ubicados en la zona indígena demarcada y tutelada legalmente podrán convivir bajo los reglamentos establecidos por las comunidades indígenas".

Los capitanes y capitanas también decidieron "Considerar la situación de la pequeña minería en el Parque Nacional (…) para la búsqueda de una solución a esta problemática".

También se decidió considerar la propuesta sobre el apoyo económico para los gastos de oficina, personal y movilización del Consejo de Caciques Generales. Para este fin se definió que los sectores Wonkén y Santa Elena deberán contribuir con 100 gramos de oro y los sectores Ikabarú y Wonkén con 25% del 10% aportado a las comunidades.

Todas las comunidades indígenas mineras deberán fortalecer sus normas internas, de manera que los ingresos comunales beneficien las mejores que redunden en beneficio de todos: escuelas, ambulatorios, vialidad, viviendas y otros.

Como responsables inmediatos, los capitanes comunales se encargarán de supervisar el cumplimiento de cada uno de los acuerdos firmados. Quienes los incumplan serán expulsados de las áreas de trabajo minero.

En el encuentro de San Antonio se elaboró además una resolución dirigida al Ejecutivo Nacional, considerando como positiva la reanudación del diálogo "para buscar mecanismos viables y factibles para la búsqueda de soluciones estructurales con respecto a la situación de las comunidades indígenas ubicadas de la cuenca del río Caroní"; se solicita la eliminación del Bloque Especial Ikabarú del plan Arco Minero del Orinoco y la renovación de las vocerías de las comisiones de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas para "acelerar los procesos de titulación".

Los pemón y sus aliados se fortalecen a través del conocimiento en Derechos Indígenas y Derechos Humanos

El diplomado fue facilitado por el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas  (GTAI) de la ULA. Fotos: Morelia Morillo

Por Morelia Morillo

A pesar de las invasiones que los pemón han tenido que detener recientemente, en defensa de su territorio ancestral y sobre todo de su forma de vida, noviembre comenzó con una excelente noticia para este pueblo indígena: Veinte y cinco se sus líderes, lideresas, jóvenes en formación y aliados cursaron entre el 30 de octubre y el cinco de noviembre un diplomado en Derechos Indígenas y Derechos Humanos en la comunidad de Karawaré Tuy, El Paují, en la distante frontera venezolana hacia el Brasil.

Karawaré Tuy se encuentra a 80 kilómetros al oeste de Santa Elena de Uairén, en lo profundo de la Gran Sabana, el territorio heredado por los pemón. Hasta allí llegaron seis profesores del Grupo de Trabajo en Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes (ULA) gracias a su pasión y a la alianza entre la Unión Europea (UE), Lammp y nosotros, la Fundación Mujeres del Agua.

A mediano plazo, quienes participamos de este diplomado haremos parte de una red de defensores y defensoras en derechos indígenas y ambientales a nivel nacional.

Seis días de sesiones intensivas

Durante seis días, los participantes y sus facilitadores abordaron la vinculación entre los Derechos Humanos en general y los Derechos Indígenas y Ambientales en particular y la alianza inevitable entre los ambientalistas y los pueblos indígenas, que en Venezuela son 51 y ocupan cerca de la mitad del territorio nacional coincidiendo con la mayor parte de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abraes).

La visita de los profesores a El Paují se dio al tiempo que se pusieron en práctica rígidas medidas de seguridad de parte de la Capitanía Indígena del Sector 7-Ikabarú con la finalidad de frenar el ingreso de mineros foráneos, determinaciones que eventualmente afectan a la población no indígena. Sin embargo, esos seis días de estudio y reflexión ayudaron al acercamiento entre los pobladores de esta región en donde conviven indígenas pemón y no indígenas desde hace alrededor de 50 años.

Dos expresiones de Valdimir Aguilar, coordinador del GTAI, resuenan entre quienes asistimos: " La condición de los ambientalistas para salvar el planeta es acompañar a los indígenas en su derecho al territorio". Y una segunda: "No reconocer mi relación con la tierra pone en peligro mi condición como indígena y como pueblo".

Precisamente la oportunidad sirvió para revisar las fortalezas y debilidades del Título de Propiedad Colectiva entregado por el Estado a las autoridades del Sector 7-Ikabarú y el aumento de las amenazas que se ha generado tras el otorgamiento de la titularidad: la minería ilegal, el ingreso de mineros foráneos y la inevitable gestión de sus jurisdicción, para controlar la situación, por parte de las autoridades propias.

Y este sentido, las clases también sirvieron para intercambiar criterios con respecto al retraso en el otorgamiento de los títulos de los otros siete sectores que hacen parte del territorio pemón y especialmente del Sector 5-Kavanayén, un área ya auto demarcada por las comunidades que concuerda con el Sector Oriental del Parque Nacional Canaima.

Guiados por la profesora Linda Bustillos hicimos un recorrido por la evolución de los Derechos Humanos, Indígenas y la intervención del Estado en las tierras ancestrales, sitios prístinos, vitales para los planes de vida de las culturas originarias en donde actualmente prospera o se impulsan las actividades extractivas como la minería y específicamente el Arco Minero del Orinoco (AMO) en el caso venezolano.

Los pemón, quedó claro, no han sido informados ni consultados con respecto al plan gubernamental AMO, que para ellos, como para el resto de los pueblos indígenas del sur del río Orinoco, podría significar un genocidio.

Luego, el profesor Francisco Ferreira ahondó en los fundamentos del derecho en general, la libertad, la igualdad y especialmente del derecho penal y de la justicia indígena vigente en las jurisdicciones indígenas con contadas excepciones como el asesinato y la violación.

Su enfoque del tema fue preciso y oportuno al dejar claro que el objetivo de la justicia, en estos entornos, debe apuntar a la armonización de los indígenas con los no indígenas que durante años han vivido en estos espacios en condiciones de igualdad y respeto.

La profesora Belkis Rojas condujo una sesión dedicada a la revitalización del territorio a partir de la reactivación de sus valores materiales e inmateriales como la gastronomía, la economía y la medicina tradicional, el idioma y los aspectos culturales.

Elba Benavides, indígena pemón, presidenta de la Fundación Mujeres del Agua, nos guió por su huerto y por su sendero de plantas medicinales como una experiencia única de revitalización que busca además la protección de la laguna de El Paují tanto de la minería, como de la expansión urbana y de las quemas.

Y el profesor Gustavo Páez compartió con los participantes una detallado esquema de las secuelas de la actividad minera, una sistematización que no surgió de los libros sino de los testimonios que durante los días previos dieron los participantes: violencia, prostitución, drogas y destrucción amenazan el ambiente y la vida en una región que hasta hace pocos años se mantenía prácticamente aislada. "A lo que hemos llegado por perseguir la piedrita dorada esa", dijo Celina Daniels, una habitante de Kumarakapay, cuando vio toda aquella lista de desdichas puntualizadas sobre el pizarrón.

Pero, además, con él aprendimos la lectura y el manejo de mapas y el uso de herramientas precarias de medición como el hilo o de tecnología de avanzada como el GPS.

Durante la última de las sesiones de trabajo vimos y discutimos tres audiovisuales sobre la minería ilegal en el sur venezolano, el extractivismo en nuestro país y el AMO ese mega plan gubernamental en ciernes.

"Si nosotros no nos paramos de frente a la minería, puede ser legal o ilegal, vamos a terminar como en Las Claritas", dijo Celina Daniels. Las Claritas es la invasión minera que acorraló a su comunidad indígena, Inaway, a finales del siglo XX.