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| Vladimir Aguilar, del GTAI-ULA, explicó que son especialmente vulnerables los pueblos Hoti o Jodi y el Eñepá porque apenas se encuentran en "en contacto inicial" o aislados. Fotografía: Cortesía. |
Por Morelia Morillo
Dos
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y un equipo de académicos venezolanos asistieron
a comienzos de diciembre a la audiencia
pública del 159avo Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) con la finalidad de exponer las condiciones en las
que el gobierno venezolano lleva adelante su mega proyecto Arco Minero del
Orinoco (AMO), al sur del Orinoco.
Según
reseña de la agencia EFE, en el encuentro, que se realizó en Ciudad de Panamá, una
representación del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos
(Provea), del Laboratorio de Paz y del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de
la Universidad de los Andes (GTAI-ULA) expuso que a lo largo de esos 111 mil kilómetros cuadrados habita 30 %
de los pueblos originarios venezolanos y, sin embargo, estos no han sido
informados ni consultados, como lo exige la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, así como tampoco se sometió a consideración de la
Asamblea Nacional la participación transnacionales en el proyecto.
Vladimir
Aguilar, del GTAI-ULA, explicó que son
especialmente vulnerables los pueblos Hoti o Jodi y el Eñepá porque apenas se
encuentran en "en contacto inicial"
o aislados.
“En los últimos meses, dijo, el gobierno ha realizado
reuniones para informar a los pueblos indígenas sobre “los beneficios” que van
a recibir con el proyecto del AMO. Una vez más, surge la demarcación como una
herramienta de negociación. En reuniones con el Alto Gobierno, algunos líderes
han planteado que no habrá discusión sobre el Arco Minero hasta tanto sus
territorios hayan sido demarcados y titulados (…) Se ha realizado un proceso de
cooptación partidista de algunas organizaciones y comunidades provocando una
aculturación, división interna y desviación de la lucha histórica por sus
territorios".
A
su vez, Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, describió las violaciones a
los derechos de libre asociación y manifestación pacífica generadas por el Decreto
que crea el AMO y explicó que el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica,
vigente desde mayo, facilita las contrataciones respectivas al margen de la
Asamblea Nacional.
“El
artículo 30, numeral 2, de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones
Unidas, establece que los Estados deben celebrar consultas eficaces con los
pueblos indígenas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades
militares”, dijo y denunció la criminalización sufrida por quienes han
cuestionado el proyecto AMO.
En
respuesta, de acuerdo con la nota de Provea, la representación del Estado
venezolano, liderada por Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional
de Derechos Humanos, describió las motivaciones económicas y sociales del proyecto
y aseguró que, en un futuro, cuando estén listos, se difundirán de los estudios
de impacto ambiental.
También
expresó que la explotación minera sólo se hará en la quinta parte de la zona
estimada dentro del AMO y no afectará las áreas protegidas.
Al
conocer de estas situaciones, los comisionados de la CIDH rechazaron la
criminalización de los defensores de derechos humanos que han advertido las
condiciones del AMO y afirmaron que monitorearán el proyecto por ser un tema de
interés.
Las
ONGs pidieron a la CIDH que trabaje en un Informe País y para que la Relatoría
sobre Derechos Indígenas visite Venezuela.
AMO e Ikabarú
El
decreto Arco Minero contempla como Área Especial la zona de Ikabarú,
correspondiente a la segunda parroquia del municipio Gran Sabana.
Al
conocer de la inclusión de Ikabarú, las autoridades indígenas, lideradas por
Juan Gabriel González, capitán general del Sector 7 del pueblo indígena pemón
es decir de Ikabarú, recordaron que ya cuentan con su titularidad y solicitaron
su exclusión de este plan.
En
respuesta, los voceros gubernamentales accedieron verbalmente a la exclusión.
Este tema fue tratado en el Consejo de Caciques Generales y Comunales del
Pueblo Pemón que se celebró en la comunidad de San Antonio del Morichal a
comienzos de noviembre pasado. En la resolución, dirigida al Gobierno Nacional,
los caciques solicitaron al Estado Mayor Minero "la eliminación del Bloque
Especial Ikabarú identificado por el Plan de Desarrollo Estratégico del Arco
Minero del Orinoco".
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