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| La pareja conformada por Santander y Aguilera gestionó un Certificado de Nacimiento en el cual aparecen ellos como madre y padre de la bebé indígena. Fotografía tomada de Andina.com.ve |
En lo que va del último trimestre de 2016, la Defensoría del
Niño, Nina y Adolescentes del Municipio
Gran Sabana ya recibió tres denuncias por tráfico. Las víctimas, según una
fuente que prefirió no ser identificada, son en su mayoría indígenas pemón y la
cifra supera los registros correspondientes a años anteriores.
La Gran Sabana, una región milenaria ubicada al sureste de
Venezuela, en la frontera con Brasil, es el territorio ancestral del pueblo
indígena pemón.
El más reciente de los casos se produjo a comienzos de
octubre pasado. Entonces, la familia de Glenda Castro, de 20 años, madre de
tres hijos y habitante de la comunidad de Aguas Negras en la parroquia Ikabarú,
denunció que una pareja de desconocidos había presentado a la recién nacida de
Glenda, una niña de apenas dos semanas.
Ante la presunción del delito de tráfico de niños en la
modalidad de compra, los cuerpos de seguridad activaron un dispositivo de
búsqueda, dando con la captura de Dugmary del Carmen Aguilar García, de 31 años
de edad, quien había llegado siete meses antes a la zona minera de Ikabarú para
trabajar como prostituta y de John Carlos Santander Barrera.
De acuerdo con los testimonios de los familiares de Castro,
Glenda le había entregado la bebé a Dugmary con la finalidad de que la cuidara
y le brindara una mejor vida, pero manteniendo siempre el contacto con su madre
y el resto de la familia.
Sin embargo, Aguilar García salió de Ikabarú simulando haber
parido "en el monte" y ya en Santa Elena de Uiarén, la
capital municipal,gestionó un Certificado de Nacimiento en el Hospital Rosario
Vera Zurita. En el documento, la pareja aparece como padre y madre de la
pequeña a quien, vale decir, le cambiaron el nombre que hasta ese momento
llevaba.
Tanto Aguilar García, como Santander Barrera y la madre de la
niña fueron puestos a la orden de la Fiscalía Décima del Ministerio Público del
Segundo Circuito Judicial del estado Bolívar y posteriormente los tres fueron
privados de su libertad.
La fuente dijo que le preocupa que estas redes de tráfico
penetren en las comunidades indígenas en donde podrían aprovechar el
desconocimiento y la necesidad y recordó que este delito apenas es superado por
las ganancias que genera el tráfico de drogas y armas.
De
acuerdo con los conocedores de este tipo de mafias, se sabe que valiéndose del
acceso al dinero, de violentas amenazas, de la fuerza o de la sugestión compran
o raptan niños y niñas para después venderlos a unas segundas personas que se encargan
de colocarlos en adopción, de prostituirlos, de esclavizarlos, de enfilarlos
como soldados en conflictos bélicos e incluso de emplearlos como mendigos o
sacrificarlos en prácticas religiosas.
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