Por Morelia Morillo, con datos de Nicol
Marcel
Probablemente,
ningún tema había logrado la coincidencia de tantos profesionales de diversas
áreas y políticos de diferentes tendencias, de líderes indígenas y activistas
ambientales como el plan Arco Minero del Orinoco, un proyecto impulsado por el
gobierno de Nicolás Maduro para la exploración y explotación en un área de 111
mil km²
cuadrados al sur del río Orinoco.
El cinco de
diciembre pasado, se reunieron, en la Sala Protocolar de la Asamblea Nacional,
ponentes, políticos, expertos, ecologistas e indígenas para exponer sus
argumentos contra la puesta en marcha del AMO. El rechazo fue unánime. Aquí
algunos de los pronunciamientos.
De entre los vinculados al chavismo, Nicmer Evans, politólogo y
líder de Marea Socialista, consideró que la AN debe "generar una
investigación seria y dejar al descubierto todas las implicaciones financieras "que
tienen mafiosos extrativistas, tanto por sectores del gobierno como por
sectores de la oposición" y recordó que, apenas se iniciaron las
contrataciones para el AMO, las acciones de la compañía canadiense Gold Reserve
duplicaron su valor y la compañía su capital.
El parlamentario opositor Fredy Guevara insistió una vez más en
que "ningún acuerdo que no haya sido aprobado por la Asamblea Nacional
está vigente".
E igualmente apelando al marco jurídico del AMO, Freddy Gutiérrez,
abogado, dijo que se omitieron formalismos jurídicos y los estudios de impacto
ambiental obligatorios, se aceleraron procesos de contratación y de procura de
maquinarias, se crearon estímulos fiscales y financieros que tan sólo deben
contar con el visto bueno presidencial, se restringieron derechos consagrados
como el derecho de asociación, de organización gremial y de huelga y se vulneraron
el derecho a la información al criminalizar la divulgación de los impactos
socio ambientales del AMO.
El activista Santiago Arconada recordó, apelando a los casos del Lago
de Maracaibo, Tacarigua y Camatagua, el impacto extrativista sobre los cuerpos
de agua y principales de nuestro país. Para él el peligro está a la vista: "Le
queremos meter la puñalada al Orinoco con los proyectos de mega minería (…)
Convertirlo en una merengada de cianuro y arsénico".
"Sin necesidad de participar de las minas, quienes viven
alrededor de las minas de coltán mueren de cáncer", dijo el mayor Cliver Alcalá,
quien estuvo al frente de la Región Estratégica para la Defensa Integral (REDI)
Guayana. Relató que en algún momento tuvo que volar un puente en Canaima porque
no podía con la minería y acerca de la inmensa migración de foráneos,
buscadores de oro, hacia los territorios indígenas.
Esteban Emilio Mosonyi, académico, consideró el AMO como un
genocidio y un ecocidio. Aseguró que las más perjudicadas serán las comunidades
indígenas cuyos territorios ancestrales serán intervenidos si prospera el
proyecto AMO. 150 empresas, provenientes de 35 países diferentes, rodeados por
la minería ilegal, en zonas que hasta ahora son tierras indígenas.
A pesar de su cercanía con el chavismo, al ex ministra Ana Elisa
Osorio llamó a mantener una actitud de "resistencia" frente a la
actitud del presidente Maduro con respecto al AMO. Recordó que el ex presidente Carlos Andrés Pérez fue
enjuiciado por lo que a su juicio fue "mucho menos" y pidió a la AN
que "tome cartas en el asunto".
Por lo
pronto, el diputado Américo de Gracia, representante del estado Bolívar, dijo
que se presentará en el Parlamento la Ley Orgánica para la creación y
Protección de la Reserva Hidroeléctrica, elaborada por el experto en temas de
derecho ambiental, Alexander Luzardo, con la finalidad de blindar jurídicamente
la amplia región de Guayana en donde se generan las aguas a partir de las
cuales se produce alrededor del 70% de la electricidad del país, así como la
derogación del decreto 2248 que crea el AMO.
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