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| En el encuentro de San Antonio se elaboró además una resolución dirigida al Ejecutivo Nacional, considerando como positiva la reanudación del diálogo "para buscar mecanismos viables y factibles para la búsqueda de soluciones estructurales con respecto a la situación de las comunidades indígenas ubicadas en la cuenca del río Caroní"; se solicita la eliminación del Bloque Especial Ikabarú del plan Arco Minero del Orinoco y la renovación de las vocerías de las comisiones de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas para "acelerar los procesos de titulación". Foto tomada del perfil FB de Ángel Páez del Consejo de Caciques Generales. |
Por Morelia Morillo
Después
de tres días de discusiones, a comienzos de este mes de noviembre, los caciques
pemón (o capitanes) generales y comunitarios de los sectores ubicados dentro
del municipio Gran Sabana del estado Bolívar acordaron un total de 13 normas
para la actividad minera en la cuenca del Caroní.
La
Asamblea General del Consejo de Caciques Generales y Comunales del pueblo
pemón, que se celebró en la comunidad indígena de San Antonio del Morichal, ubicada
a 10 kilómetros de Santa Elena de Uairén, la capital de la última jurisdicción
venezolana hacia el sureste, contó con alrededor de 560 asistentes por día. El
acuerdo final, vale destacar, fue respaldado por 378 personas.
La
primera medida fue suspender la minería de aluvión, que se realiza mediante
balsas en el cauce de los ríos, en los sectores Urimán, Ikabarú, Wonkén, Santa
Elena de Uairén, Kavanayén y Kamarata del municipio Gran Sabana, territorio
ancestral del Pueblo Pemón y ubicar áreas de explotación que no afecten la
cuenca del río Caroní.
Esos
espacios, se explica en el segundo de los acuerdos alcanzados, deberán
distanciarse entre 500 a 1000 metros de los afluentes y del propio río Caroní y
se permitirá el trabajo minero siempre y cuando sea ejecutado principalmente
por indígenas pemón e incluso por mestizos, es decir por hijos de padre o madre
pemón, que presenten un proyecto para la recuperación de las áreas afectadas y
dediquen al menos tres días por mes a las tareas rehabilitación.
Cada
comunidad "deberá implementar el sistema de viveros para la recuperación
de las áreas afectadas" y velar por la educación ambiental de los niños y
niñas en las escuelas.
Se
acordó que se intensificarán las acciones del Cuerpo de Seguridad Territorial para
evitar el ingreso de personas foráneas con antecedentes penales, de alcohol en
exceso, de drogas y de dinero procedente del narcotráfico para la compra de
oro.
También
se convino identificar y sancionar a los caciques e indígenas en general que se
relacionen con la delincuencia organizada con la finalidad de traficar drogas o
armas.
En
el sexto de los puntos acordados se indica que sólo se permitirá el ingreso a los
residentes no indígenas que "hacen vida" en las poblaciones de
Ikabarú, El Polaco y El Paují "quienes por estar ubicados en la zona
indígena demarcada y tutelada legalmente podrán convivir bajo los reglamentos
establecidos por las comunidades indígenas".
Los
capitanes y capitanas también decidieron "Considerar la situación de la
pequeña minería en el Parque Nacional (…) para la búsqueda de una solución a
esta problemática".
También
se decidió considerar la propuesta sobre el apoyo económico para los gastos de
oficina, personal y movilización del Consejo de Caciques Generales. Para este
fin se definió que los sectores Wonkén y Santa Elena deberán contribuir con 100
gramos de oro y los sectores Ikabarú y Wonkén con 25% del 10% aportado a las
comunidades.
Todas
las comunidades indígenas mineras deberán fortalecer sus normas internas, de
manera que los ingresos comunales beneficien las mejores que redunden en
beneficio de todos: escuelas, ambulatorios, vialidad, viviendas y otros.
Como
responsables inmediatos, los capitanes comunales se encargarán de supervisar el
cumplimiento de cada uno de los acuerdos firmados. Quienes los incumplan serán
expulsados de las áreas de trabajo minero.
En
el encuentro de San Antonio se elaboró además una resolución dirigida al Ejecutivo
Nacional, considerando como positiva la reanudación del diálogo "para
buscar mecanismos viables y factibles para la búsqueda de soluciones
estructurales con respecto a la situación de las comunidades indígenas ubicadas
de la cuenca del río Caroní"; se solicita la eliminación del Bloque
Especial Ikabarú del plan Arco Minero del Orinoco y la renovación de las
vocerías de las comisiones de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas para "acelerar
los procesos de titulación".
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