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| La mujeres de la comunidad se han organizado con el propósito de que este caso sea castigado y que no se repita. Fotografía: Morelia Morillo |
Por Morelia Morillo
El martes 19 de abril, las abogadas Betty Lurúa y Celina
Daniels visitaron la comunidad de El Pauji para conversar con un grupo de
vecinos con respecto a las instituciones y las leyes con las que cuentan para
defenderse en caso de que se presente una nueva violación o un acto lascivo.
El Paují cuyo nombre indígena es Karawaré Tuy, una comunidad
en la que conviven indígenas pemón y no indígenas, conocida por ser un lugar
tranquilo y hermoso, fue sacudida hace mes y medio por un hecho nefasto: la
violación de una niña de cuatro años por parte de un miembro de su familia.
Adicionalmente, en una asamblea comunal, se conoció que al
menos dos mujeres más habrían sido víctimas de ese sujeto. El hombre fue
denunciado, apresado e inexplicablemente liberado. Se cree que, por el
desconocimiento acerca del tema, durante el proceso de denuncia se cometieron
errores y que las instancias correspondientes
no han procedido con la celeridad que la situación amerita, pues además
de hacer justicia el objetivo es que este hecho no se repita.
Por tanto, las mujeres que forman parte de los consejos
comunales Karawaré Tuy y El Paují, así como el capitán Rogilio Campino
promovieron esta actividad del 19, para aclarar dudas y apoyar a la madre de la
niña. Por su parte, la Fundación Mujeres del Agua respaldo el esfuerzo comunitario que implicó
llevar a las abogadas hasta esta comunidad ubicada a 80 kilómetros de Santa
Elena.
Más allá de los argumentos jurídicos, las sugerencias de
ambas abogadas apuntaron especialmente a la prevención basada en el amor, en el
fortalecimiento de los valores y en la solidaridad dentro de la familia y de la
comunidad.
Ambas insistieron en que para evitar la violencia hay que
dar amor a los hijos e hijas, enseñarles el respeto por la libertad, apoyar a
la madre de la niña abusada en el seguimiento del caso y en la recuperación
sicológica de ambas y estar siempre vigilantes ante este tipo de acciones pues
estamos tanto en el derecho como en la obligación de formular las denuncias
cuando sea necesario.
"Los niños y niñas son prioridad absoluta", dijo
Lurúa.
Betty Lurúa, quien fue defensora de los niños, niñas y
adolescentes, invitó a conocer nuestros derechos contemplados en la
Constitución de la República Bolivariana y en la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) y a demandar acciones
concretas de parte de los funcionarios del Estado Venezolano y que, de lo
contrario, "merecen sanciones".
El proceso
En Santa Elena, capital del municipio Gran Sabana, el más
distante hacia el extremo sureste del país, existen instituciones facultadas
para recibir una denuncia e iniciar una investigación de este tipo: la Fiscalía
del Ministerio Público, el Tribunal Municipal, el Destacamento de Fronteras y
los puntos de control fijos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la
Coordinación de la Policía del Estado Bolívar y el Consejo de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes.
E igualmente quedó claro que cualquier profesional de la
salud, sea comunitario, público o privado, está en la obligación de levantar un
informe y notificar a los organismos pertinentes cuando sepa de un caso de esta
naturaleza.
Ambas insistieron en que, una vez formulada la denuncia, lo
importante es acompañarla, que tanto la víctima como sus familiares, vecinos y
organizaciones comunitarias le den seguimiento y vida a esa demanda.
Recordó que las personas que son objeto de violencia "se
creen culpables y no son capaces de hablar, creen que son ellos quienes generan
esa violencia" y que por tanto es responsabilidad de la familia y de la
comunidad acompañarlos en la búsqueda de justicia, un proceso que, con
frecuencia, resulta largo.
El capitán Rogilio Campino desmintió que este tipo de
acciones forme parte de la cultura pemón y por el contrario recordó que él
mismo sirvió de intérprete en una oportunidad, ante un hecho similar y que fue
un tribunal ordinario el que no estableció un castigo acorde a la gravedad del
delito.
Como defensora de la mujer pemón, Celina Daniels insistió en
que "nuestras propias autoridades vulneran nuestros derechos como mujeres,
entonces nosotros tenemos que unirnos" y desarrollo especialmente el tema
religioso tomando en cuenta que El Paují, como muchas otras comunidades de la
Gran Sabana, es un asentamiento fundamentalmente adventista.
Dijo Daniels que Dios creo tanto al hombre como a la mujer
libres y que de acuerdos con los textos bíblicos los propios israelitas
establecían duras sanciones para aquellos que incurrieran en abusos sexuales.
Como producto de este encuentro, el Comité de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes del Consejo Comunal se comprometió a apoyar a la
madre de la niña afectada en el seguimiento del expediente y Celina Daniels
dijo que intervendrá para que la sicóloga que trabaja para un centro de
educación adventista de la zona atienda a la mujer y a su pequeña con la
finalidad de que este hecho traumático deje en ellas las menores secuelas
posibles.
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