viernes, 17 de febrero de 2017

La Fundación Mujeres del Agua celebra el ingreso de tres nuevas integrantes

Nicol Marcel dijo que afortunadamente, a 10 años del nacimiento de la Fundación, finalmente los procesos se hacen más fluidos y el equipo comienza a recoger los frutos del trabajo que, sin embargo, apenas comienza. Enhorabuena!!! Fotografía: FMA


Por Morelia Morillo

Al tiempo que compartieron la rendición de cuentas correspondiente al año 2016, las integrantes de la Fundación Mujeres del Agua (FMA) celebraron a mediados de febrero el ingreso de cuatro nuevas mujeres, interesadas en impulsar proyectos formativos, productivos y sustentables.

Ceferina y Belkis Ayuso, madre e hija, pertenecen a la comunidad de San Ignacio de Yuruaní, Divizay Delfino, una ex capitana de la comunidad Inaway y lideresa de su pueblo y Morelia Morillo, quien escribe, compartimos con nuestras pares de la FMA durante todo un año en calidad de colaboradoras y finalmente formalizamos nuestra pertenencia a la organización fundada en 2007 con el objetivo de promover la participación femenina en pro de la defensa de los derechos socio-ambientales, de los derechos propios y de nuestras familias sin olvidar nuestro entorno.

Las Ayuso son dos lideresas en su comunidad y en todo el Sector Cinco (Kavanayén) del territorio ancestral del pueblo indígena pemón, un espacio geográfico que coincide con el Sector Oriental del Parque Nacional Canaima y en donde, sin embargo, se observa, aunque no abiertamente, la proliferación de la minería; Delfino es una mujer formada en la elaboración y asesoría técnica de proyectos especialmente en el área turística y quien escribe es periodista.

Para el año que comienza, la FMA continuará con los proyectos de Recuperación Productiva de Áreas Intervenidas por la Minería en la zona de El Pauji y además impulsará propuestas de producción agrícola y turística en beneficio de algunas familias del Sector Cinco, entre otras tareas que puedan surgir. La idea es continuar fortaleciendo a las mujeres, como corazón de la familia.

Nicol Marcel, coordinadora de Proyectos de la FMA, expuso claramente cuánto dinero entró durante el año y en qué se gastó: se terminaron de ejecutar los talleres sobre Violencia de Género; se realizó la traducción al pemón del Manual de Defensores en Derechos Humanos, con el apoyo de Celina Daniels; se organizó el Diplomado en Derechos Humanos y Derechos Indígenas, dictado por profesores de la Universidad de los Andes (ULA), se fortaleció la difusión de actividades y se inició la ejecución del proyectos de recuperación de áreas.

Nicol dijo que afortunadamente, a 10 años del nacimiento de la Fundación, finalmente los procesos se hacen más fluidos y el equipo comienza a recoger los frutos del trabajo que, sin embargo, apenas comienza. Enhorabuena!!!


Tres mujeres demuestran a los jóvenes que es posible alcanzar los sueños y conservar la naturaleza


A los muchachos les habría satisfecho la sabiduría de Elba y el aplomo de Carmen, pero sobre todo se conectaron con la conmovedora historia de Margarita quien abrió desde su experiencia una ventana para demostrar que Mi conuco en la Sabana es posible. Fotografía: FMA

Por Morelia Morillo

A pesar de que todo a su alrededor son huecos mineros,  Margarita insistió y ahora mismo saca provecho de las sabanas arenosas en donde vive; hace cinco años, Carmen Raquel Benavides tuvo que echar a quienes pretendían perforar el río  Manak Karán, conocido por lo no indígenas como El Cajón, a cambio de oro y está a poco de inaugurar un parador turístico y su hermana Elba Benavides continúa sembrando con especies autóctonas los alrededores de la laguna con la que colinda el patio de su casa en la comunidad de El Paují o Karawararé Tuy, un espacio en donde la quema suele devorar la vegetación año tras año.

Ellas son un trío de soñadoras que ha perseverado y que sirve de modelo para que los más jóvenes se den cuenta de que es posible materializar los sueños sin necesidad de ir a la mina.
Las tres están trabajando para ellas, para sus familias y para su comunidad, como beneficiarias del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (FMAM-ONU), en alianza con la Fundación Mujeres del Agua (FMA), el Consejo Comunal Karawaré Tuy y la Asociación Civil La Cosecha.

Se dedican a la recuperación de las áreas intervenidas por la minería, desde el vivero hasta la cogida y el procesamiento de alimentos, con lo cual aprovechan al máximo la producción. Margarita se ocupará de hacer casabe y Marelly Parilli, otra de las vecinas de la comunidad, de deshidratar los frutos propios del conuco pemón: la piña, el cambur, la lechoza.

Pero además están empeñadas en abrir sus patios a la comunidad, para que otros se percaten de lo que están haciendo y se entusiasmen con el ejemplo.

Por eso, entre noviembre y enero pasados, Elba, Carmen y Margarita recibieron a los estudiantes de quinto año de la Unidad Educativa Nacional El Paují, en el marco del Proyecto  Educativo Integral Comunitario (PEIC) cuyo tema es el Diseño de un Sistema agroforestal taurepán combinado.. 

Durante las visitas, los muchachos se conectaron con tres experiencias cercanas que demuestran que sí es posible producir y cuidar de la naturaleza.

Elba Benavides, presidenta de la FMA, compartió con ellos en su vivero, un lugar en donde germinan y crecen especies locales cuyos nombres  y usos sólo recordaban los abuelos.

Margarita les confesó que, cuando dijo que iba a sembrar en los arenales, que a su paso iba dejando la mina, todos creían que "estaba loca" y ahora crecen las yucas y otras plantas; con el financiamiento, logró hacerse con las herramientas para trabajar y está a poco de fabricar y echar a andar la casabera que le permitirá hacer el pan de los pemón para su familia y su comunidad.

 Y Carmen Raquel  les habló de sus años de lucha por conservar el sitio en donde crecieron sus hijas, de cómo logró sacar del lugar a los mineros y mantenerlos lejos de los alrededores, les mostró los avances de su proyecto de turismo y el sendero de interpretación de la naturaleza que busca acercar a los visitantes al conocimiento del hábitat de este pueblo indígena.

A los muchachos les alegró la sabiduría de Elba y el aplomo de Carmen, pero sobre todo se conectaron con la conmovedora historia de Margarita quien abrió desde su experiencia una ventana para demostrar que Mi conuco en la Sabana es posible.






lunes, 23 de enero de 2017

Los saqueadores de Santa Elena veían del Km 88 con un objetivo preciso: arrasar

Aquel sábado, 17D, los pasajeros de al menos uno de los dos buses no descendieron en el Terminal de Santa Elena de Uairén sino en la entrada de la localidad, sobre el encuentro de la Avenida Perimetral con Mariscal Sucre y desde allí caminaron hacia el centro de esta ciudad. Fotografía: Morelia Morillo

Por Morelia Morillo
Pasado un mes tras los saqueos del  17 de diciembre en Santa Elena de Uairén, la capital de la Gran Sabana, territorio ancestral del pueblo indígena pemón, la tierra de los tepui, de los saltos de agua, de los morichales y los ríos cristalinos, los dos autobuses que trasladaron a la mayoría de los saqueadores permanecen detenidos en esta ciudad.

Son esas dos moles coloridas  y de vidrios ahumados que se encuentran en el estacionamiento de la sede que comparten el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), parte de las dependencias del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería  (Saime) y que a su vez colinda con el Centro de Coordinación de la Policía del Estado Bolívar (PEB) en la última de las ciudades venezolanas hacia el sureste remoto. Sobre sus parabrisas delanteros de leen sendos carteles que indican que se están a la orden de la Fiscalía VI del Ministerio Público.

Destartalados y sin señales vigentes que los vinculen a alguna de las líneas que a diario viajan al sur, son una prueba inobjetable, pesada, siniestra de que aquellos hombres llegaron desde otro lugar distinto a este en donde hasta hace apenas cuatro o cinco años de podía vivir sin puertas y sin ventanas, nos extrañaba tanto la alarma de un carro y nos erizaba un balazo.

Según los relatos que permiten reconstruir lo sucedido aquel día, se sabe además que llegaron con un propósito claro: saquear algunos de los principales comercios de este pueblo que, aunque incrustado en el Paraíso, ha cobrado fama en los meses recientes por cosas más mundanas: las pacas de comida y de billetes, al contrabando de combustible y a la minería.

Uno de los voceros del Poder Popular local reveló que ellos, los representantes comunales, recibieron una llamada de un miembro de uno de los sindicatos que hacen vida en el Kilómetro 88, un pueblo minero caótico ubicado también sobre la Troncal 10, a 227 kilómetros de Santa Elena.

"Nos dijeron que de allá habían sacado a un grupo de gente y que esa gente subió a dos autobuses que viajaban hacia acá con pocos pasajeros (…) Los pasajeros a los que entrevistamos, la gente de aquí, nos dijo que venían asustados porque algunos de esos hombres estaban armados (…) Los consejos comunales y las cooperativas de moto taxis nos movimos hasta La Guillotina, pero nos dijeron que ya había pasado uno de los buses".

En el sur del estado Bolívar se hacen llamar sindicatos las organizaciones que imponen el orden a punta de terror en los yacimientos ilegales de oro y diamante, a cambio de un porcentaje.
La Guillotina es el último de los seis puntos de control distribuidos entre el 88 y Santa Elena y está a cargo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Aquel sábado, 17D, los pasajeros de al menos uno de los dos buses no descendieron en el Terminal de Santa Elena de Uairén sino en la entrada de la localidad, sobre el encuentro de la Avenida Perimetral con Mariscal Sucre y desde allí caminaron hacia el centro de esta ciudad.

"Primero llegaron aquí, pero el policía que estaba afuera logró controlar la situación y ellos siguieron", comentó un empleado del bodegón las Tres Vírgenes.

Al ser repelidos de las Tres Vírgenes, quienes minutos antes habían descendido del autobús, continuaron caminando por la Avenida Mariscal Sucre y cruzaron en la calle Roscio, media cuadra antes de llegar al Destacamento de Fronteras 623 de la GNB.

Se proponían entrar al Comercial Calle Roscio, pero fueron rechazados por el grupo del Poder Popular, de la GNB y del Ejército que los esperaba.

Sobre el mediodía,  docenas de personas, la mayoría de ellos desconocidos, pero también algunos habitantes de esta localidad de alrededor de 30 mil personas en donde muchos se conocen al menos de vista, cargaban con la carne, el pescado, el pollo y el dinero en el abasto Yor Bellorín.

Poco después, en la calle Urdaneta, otros arremetían contra los portones y exhibiciones de La Chiquitina y la Wrangler y desmantelaban Paraíso Intimo. Las tres tiendas de vestir.

"Definitivamente fue un atraco colectivo de las tiendas de ropa de Santa Elena de Uairén (…) La mayoría era gente de San Félix", definió Lisa Henrito, líder de la Comisión de Seguridad Indígena que acompaña a la PEB en sus funciones en el municipio Gran Sabana, si bien agregó que había personas del pueblo instigando a saquear algunos locales.





lunes, 16 de enero de 2017

Cae dramáticamente la cantidad de visitantes a la Gran Sabana durante el mes de enero

La Gran Sabana es una región de enorme importancia ambiental y cultural en donde la caída del turismo como actividad económica frecuentemente es empleada como una buena razón para justificar la minería del oro y diamante. Fotografía: Archivo Morelia Morillo

Por Morelia Morillo
Tradicionalmente, las dos primeras semanas de enero han sido excelentes para los operadores, posaderos, artesanos y otros prestadores de servicios turísticos que hacen su trabajo en la Gran Sabana, en el Sector Oriental del Parque Nacional Canaima. Sin embargo, este comienzo de año fue flojo. Más allá de las expresiones, surgen las cifras, incuestionables: el paraíso de los tepui, los ríos ocre cristal, los morichales y las sabanas infinitos recibió al comienzo de 2017 menos de la mitad de los visitantes que albergó en 2013, un año del cual se tiene una referencia puntual.
Entonces, para el cuatro de enero, a las 6:00 de la mañana, Protección Civil (PC) Bolívar, contabilizaba el ingreso de 5 575 vehículos, exactamente 23 549 personas, según una nota publicada por el diario de circulación regional Nueva Prensa de Guayana.
José García, como director de Protección Civil (PC) Bolívar, indicó para ese momento que estas cifras correspondían al conteo que llevaba el equipo a su cargo en el punto de control de Luepa.  Él refirió que el promedio de visitantes para los años 2011 y 2012 oscilaba en torno a los 15 500.
Este año, 2017, según una nota publicada por el portal TierradeGracia.net, tomando como fuente al Instituto Nacional de Parques (Inparques) se contó a más de 13 mil 230 excursionistas, así como también el ingreso de 4 mil 410 vehículos, durante el asueto.
Preocupación
Nicol Marcel, coordinadora proyectos de la Fundación Mujeres del Agua quien además es productora apícola en la zona de El Paují, se mostró preocupada por esta situación y por sus consecuencias sobre la economía de la zona, una región de enorme importancia ambiental y cultural en donde la caída del turismo como actividad económica frecuentemente es empleada como una buena razón para justificar la minería del oro y diamante.
A su modo de ver, los factores que determinaron está caída estrepitosa del turismo fueron la situación económica de la familia venezolana, los saqueos que sufrieron Ciudad Bolívar y los principales pueblos del sur dl estado en diciembre pasado, dejando un enorme temor en los viajeros, las fallas en la fluidez del dinero en efectivo asociadas a la introducción del nuevo cono monetario y las dificultades para el suministro de combustible, a pesar de la colocación de las estaciones portátiles en tres puntos de la Gran Sabana. En esta frontera la gasolina es contrabandeada hacia las minas y hacia el lado brasilero.
Además relató que los pocos turistas que llegaron a El Paují, a 80 kilómetros de la capital municipal, Santa Elena de Uairén, cuestionaron  el impacto causado por la minería tanto en la calidad de las aguas como en la condición de las sabanas. "Llegan impresionados por el deterioro".
 También cayó el turismo brasilero
Pero no sólo vino menos turismo nacional, también disminuyó el turismo brasilero. Principalmente por el cierre de la frontera venezolana entre los días 13 de diciembre y seis de enero.
Juan Luis Mora, presidente de la Cámara de Turismo de Gran Sabana, precisó que, hace un año, se contabilizó (durante este período) a 1000 vehículos brasileros, alrededor de 4000 personas, este año logaron entrar no más de 10% de esa cifra, según un trabajo periodístico de ElPitazo.com.
Puntualmente, el Vice Consulado de Brasil, ubicado en Santa Elena de Uairén, registró que -para el momento del cierre- 100 ciudadanos brasileros se encontraban en territorio venezolano, la mayoría de ellos en Margarita otros en Roraima tepui.
Para los habitantes de Manaus y Boa Vista, capitales de los estados brasileros fronterizos con Venezuela, Amazonas y Roraima, este período suele ser la ocasión ideal para ir hacia el Caribe, hacia Margarita, por ser un destino que les resulta más cercano que su destino nacional más accesible (Fortaleza), porque el cambio de reales a bolívares los beneficia enormemente (se ubica sobre los Bs. 800 por un real)  y porque en la isla encuentran excelente atención
"Esto ha sido una catástrofe", sintetizó  Juan Luis Mora, presidente de la Cámara de Turismo de Gran Sabana, a propósito del bloqueo de la vía que comunica Venezuela y Brasil, una medida asociada a la salida de circulación del billete de Bs. 100 venezolano.





miércoles, 28 de diciembre de 2016

Santa Elena sufrió los primeros saqueos de su historia

Los saqueos del 17 de diciembre constituyeron el primer evento de este tipo desde de la fundación de la capital del municipio Gran Sabana, territorio ancestral del pueblo indígena pemón, hace poco más de ochenta años. Fotografía: Morelia Morillo.

Por Morelia Morillo

El 17 de diciembre pasado, Santa Elena de Uairén sufrió una jornada de saqueos. Ese sábado, seis negocios fueron arrasados en dos horas y media.

Fue el primer evento de este tipo desde de la fundación de la capital del municipio Gran Sabana, territorio ancestral del pueblo indígena pemón, hace poco más de ochenta años.

En respuesta, la población salió a la calle para defender los locales, las mercancías y a los comerciantes, que en su mayoría son vecinos de vieja data.
Se defendieron con palos, piedras y botellas de un centenar de mujeres y hombres que a su pasó cargó con carne, pescado, pollo, prendas de vestir, accesorios para celulares y ropa interior femenina, dejando en el piso el mobiliario de los establecimientos.

En medio de la revuelta, 87 personas fueron detenidas.

Según el alcalde, Manuel De Jesús Vallés, alrededor de 70% de los detenidos, muchos de ellos, capturados con el producto del saqueo en sus manos, eran ajenos a la población; trascendió, que más de 20 de las mujeres detenidas se dedicaban a la prostitución en las calles de Santa Elena, a donde llegaron desde las principales ciudades del país atraídas por el dinero de los mineros.

Aparte, quienes habitaban en la localidad residían en su mayoría en Caño Amarillo, una invasión que se materializó hace cinco años en terrenos de la comunidad indígena de Sampai.

Los saqueos reavivaron los diagnósticos sobre el deterioro de esta población fronteriza que pasó de ser un sitio tranquilo, moderadamente minero, con un comercio próspero y con clara vocación turística, a ser, en no más de tres años, un pueblo principalmente minero, con un comercio anárquico, codiciado por los invasores, los contrabandistas de gasolina, las prostitutas y de pronto asediado por inseguridad característica de otras regiones venezolanas.

Entre otras razones, Manuel de Jesús Vallés dijo, durante su intervención en la Cámara Municipal, reveló que el 80% de la gasolina que sale de las dos estaciones de servicio de las que dispone esta modesta ciudad se va a las minas, que en su mayoría son ilegales y que encuentran en el contrabando el combustible que necesitan y que hay que limitar la prostitución al único local legal.

Lisa Henrito, una de las principales lideresas del pueblo pemón y de la Comisión de Seguridad Indígena, fundada a mediados de años, recordó que en el diagnóstico que se elaboró a propósito del surgimiento descontrolado de la inseguridad destacan 25 puntos.

Entre esos aspectos sobresale la urgencia de erradicar las invasiones como método para urbanizar los territorio que por tradición pertenecen a los pemón,  de limitar el ingreso de personas con antecedentes a las zonas mineras y de controlar el tráfico de combustible  y de la prostitución.   

Líderes indígenas y no indígenas también coincidieron en  el saneamiento de Caño Amarillo, una barriada en donde se refugian delincuentes solicitados en otros lugares del país.



Exigen a la AN investigar en profundidad las implicaciones financieras del AMO

Cada vez más, el Arco Minero del Orinoco (AMO) suma detractores, incluso entre los más diversos sectores y ç los líderes de diferentes tendencias políticas. A comienzos de diciembre, un grupo de ponentes, políticos, expertos, ecologistas e indígenas se reunieron en la Sala Protocolar de la Asamblea Nacional para exponer sus razones en contra del mega proyecto extrativista. La mayoría exigió al Parlamento que investigue qué hay detrás de las negociaciones con las empresas interesadas, mientras que otros consideran que lo más graves son sus implicaciones ambientales, sanitarias y culturales. Fotograf{ia: Nicol Marcel



Por Morelia Morillo, con datos de Nicol Marcel

Probablemente, ningún tema había logrado la coincidencia de tantos profesionales de diversas áreas y políticos de diferentes tendencias, de líderes indígenas y activistas ambientales como el plan Arco Minero del Orinoco, un proyecto impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro para la exploración y explotación en un área de 111 mil km² cuadrados al sur del río Orinoco.

El cinco de diciembre pasado, se reunieron, en la Sala Protocolar de la Asamblea Nacional, ponentes, políticos, expertos, ecologistas e indígenas para exponer sus argumentos contra la puesta en marcha del AMO. El rechazo fue unánime. Aquí algunos de los pronunciamientos.

De entre los vinculados al chavismo, Nicmer Evans, politólogo y líder de Marea Socialista, consideró que la AN debe "generar una investigación seria y dejar al descubierto todas las implicaciones financieras "que tienen mafiosos extrativistas, tanto por sectores del gobierno como por sectores de la oposición" y recordó que, apenas se iniciaron las contrataciones para el AMO, las acciones de la compañía canadiense Gold Reserve duplicaron su valor y la compañía su capital.

El parlamentario opositor Fredy Guevara insistió una vez más en que "ningún acuerdo que no haya sido aprobado por la Asamblea Nacional está vigente".

E igualmente apelando al marco jurídico del AMO, Freddy Gutiérrez, abogado, dijo que se omitieron formalismos jurídicos y los estudios de impacto ambiental obligatorios, se aceleraron procesos de contratación y de procura de maquinarias, se crearon estímulos fiscales y financieros que tan sólo deben contar con el visto bueno presidencial, se restringieron derechos consagrados como el derecho de asociación, de organización gremial y de huelga y se vulneraron el derecho a la información al criminalizar la divulgación de los impactos socio ambientales del AMO.

El activista Santiago Arconada recordó, apelando a los casos del Lago de Maracaibo, Tacarigua y Camatagua, el impacto extrativista sobre los cuerpos de agua y principales de nuestro país. Para él el peligro está a la vista: "Le queremos meter la puñalada al Orinoco con los proyectos de mega minería (…) Convertirlo en una merengada de cianuro y arsénico".

"Sin necesidad de participar de las minas, quienes viven alrededor de las minas de coltán mueren de cáncer", dijo el mayor Cliver Alcalá, quien estuvo al frente de la Región Estratégica para la Defensa Integral (REDI) Guayana. Relató que en algún momento tuvo que volar un puente en Canaima porque no podía con la minería y acerca de la inmensa migración de foráneos, buscadores de oro, hacia los territorios indígenas.

Esteban Emilio Mosonyi, académico, consideró el AMO como un genocidio y un ecocidio. Aseguró que las más perjudicadas serán las comunidades indígenas cuyos territorios ancestrales serán intervenidos si prospera el proyecto AMO. 150 empresas, provenientes de 35 países diferentes, rodeados por la minería ilegal, en zonas que hasta ahora son tierras indígenas.

A pesar de su cercanía con el chavismo, al ex ministra Ana Elisa Osorio llamó a mantener una actitud de "resistencia" frente a la actitud del presidente Maduro con respecto al AMO. Recordó  que el ex presidente Carlos Andrés Pérez fue enjuiciado por lo que a su juicio fue "mucho menos" y pidió a la AN que "tome cartas en el asunto".

Por lo pronto, el diputado Américo de Gracia, representante del estado Bolívar, dijo que se presentará en el Parlamento la Ley Orgánica para la creación y Protección de la Reserva Hidroeléctrica, elaborada por el experto en temas de derecho ambiental, Alexander Luzardo, con la finalidad de blindar jurídicamente la amplia región de Guayana en donde se generan las aguas a partir de las cuales se produce alrededor del 70% de la electricidad del país, así como la derogación del decreto 2248 que crea el AMO.





viernes, 9 de diciembre de 2016

Venezuela admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que carece de estudios de impacto ambiental sobre el Arco Minero

Vladimir Aguilar, del GTAI-ULA,  explicó que son especialmente vulnerables los pueblos Hoti o Jodi y el Eñepá porque apenas se encuentran en "en contacto inicial" o aislados. Fotografía: Cortesía.
Por Morelia Morillo
Dos Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y un equipo de académicos venezolanos asistieron a comienzos de diciembre a la audiencia pública del 159avo Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la finalidad de exponer las condiciones en las que el gobierno venezolano lleva adelante su mega proyecto Arco Minero del Orinoco (AMO), al sur del Orinoco.

Según reseña de la agencia EFE, en el encuentro, que se realizó en Ciudad de Panamá, una representación del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), del Laboratorio de Paz y del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI-ULA) expuso que a lo largo de  esos 111 mil kilómetros cuadrados habita 30 % de los pueblos originarios venezolanos y, sin embargo, estos no han sido informados ni consultados, como lo exige la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como tampoco se sometió a consideración de la Asamblea Nacional la participación transnacionales en el proyecto.

Vladimir Aguilar, del GTAI-ULA,  explicó que son especialmente vulnerables los pueblos Hoti o Jodi y el Eñepá porque apenas se encuentran en "en contacto inicial" o aislados.

“En los últimos meses, dijo, el gobierno ha realizado reuniones para informar a los pueblos indígenas sobre “los beneficios” que van a recibir con el proyecto del AMO. Una vez más, surge la demarcación como una herramienta de negociación. En reuniones con el Alto Gobierno, algunos líderes han planteado que no habrá discusión sobre el Arco Minero hasta tanto sus territorios hayan sido demarcados y titulados (…) Se ha realizado un proceso de cooptación partidista de algunas organizaciones y comunidades provocando una aculturación, división interna y desviación de la lucha histórica por sus territorios".

A su vez, Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, describió las violaciones a los derechos de libre asociación y manifestación pacífica generadas por el Decreto que crea el AMO y explicó que el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, vigente desde mayo, facilita las contrataciones respectivas al margen de la Asamblea Nacional.

“El artículo 30, numeral 2, de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, establece que los Estados deben celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”, dijo y denunció la criminalización sufrida por quienes han cuestionado el proyecto AMO.

En respuesta, de acuerdo con la nota de Provea, la representación del Estado venezolano, liderada por Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, describió las motivaciones económicas y sociales del proyecto y aseguró que, en un futuro, cuando estén listos, se difundirán de los estudios de impacto ambiental.

También expresó que la explotación minera sólo se hará en la quinta parte de la zona estimada dentro del AMO y no afectará las áreas protegidas.

Al conocer de estas situaciones, los comisionados de la CIDH rechazaron la criminalización de los defensores de derechos humanos que han advertido las condiciones del AMO y afirmaron que monitorearán el proyecto por ser un tema de interés.

Las ONGs pidieron a la CIDH que trabaje en un Informe País y para que la Relatoría sobre Derechos Indígenas visite Venezuela.

AMO e Ikabarú
El decreto Arco Minero contempla como Área Especial la zona de Ikabarú, correspondiente a la segunda parroquia del municipio Gran Sabana.

Al conocer de la inclusión de Ikabarú, las autoridades indígenas, lideradas por Juan Gabriel González, capitán general del Sector 7 del pueblo indígena pemón es decir de Ikabarú, recordaron que ya cuentan con su titularidad y solicitaron su exclusión de este plan.

En respuesta, los voceros gubernamentales accedieron verbalmente a la exclusión. Este tema fue tratado en el Consejo de Caciques Generales y Comunales del Pueblo Pemón que se celebró en la comunidad de San Antonio del Morichal a comienzos de noviembre pasado. En la resolución, dirigida al Gobierno Nacional, los caciques solicitaron al Estado Mayor Minero "la eliminación del Bloque Especial Ikabarú identificado por el Plan de Desarrollo Estratégico del Arco Minero del Orinoco".