miércoles, 28 de diciembre de 2016

Santa Elena sufrió los primeros saqueos de su historia

Los saqueos del 17 de diciembre constituyeron el primer evento de este tipo desde de la fundación de la capital del municipio Gran Sabana, territorio ancestral del pueblo indígena pemón, hace poco más de ochenta años. Fotografía: Morelia Morillo.

Por Morelia Morillo

El 17 de diciembre pasado, Santa Elena de Uairén sufrió una jornada de saqueos. Ese sábado, seis negocios fueron arrasados en dos horas y media.

Fue el primer evento de este tipo desde de la fundación de la capital del municipio Gran Sabana, territorio ancestral del pueblo indígena pemón, hace poco más de ochenta años.

En respuesta, la población salió a la calle para defender los locales, las mercancías y a los comerciantes, que en su mayoría son vecinos de vieja data.
Se defendieron con palos, piedras y botellas de un centenar de mujeres y hombres que a su pasó cargó con carne, pescado, pollo, prendas de vestir, accesorios para celulares y ropa interior femenina, dejando en el piso el mobiliario de los establecimientos.

En medio de la revuelta, 87 personas fueron detenidas.

Según el alcalde, Manuel De Jesús Vallés, alrededor de 70% de los detenidos, muchos de ellos, capturados con el producto del saqueo en sus manos, eran ajenos a la población; trascendió, que más de 20 de las mujeres detenidas se dedicaban a la prostitución en las calles de Santa Elena, a donde llegaron desde las principales ciudades del país atraídas por el dinero de los mineros.

Aparte, quienes habitaban en la localidad residían en su mayoría en Caño Amarillo, una invasión que se materializó hace cinco años en terrenos de la comunidad indígena de Sampai.

Los saqueos reavivaron los diagnósticos sobre el deterioro de esta población fronteriza que pasó de ser un sitio tranquilo, moderadamente minero, con un comercio próspero y con clara vocación turística, a ser, en no más de tres años, un pueblo principalmente minero, con un comercio anárquico, codiciado por los invasores, los contrabandistas de gasolina, las prostitutas y de pronto asediado por inseguridad característica de otras regiones venezolanas.

Entre otras razones, Manuel de Jesús Vallés dijo, durante su intervención en la Cámara Municipal, reveló que el 80% de la gasolina que sale de las dos estaciones de servicio de las que dispone esta modesta ciudad se va a las minas, que en su mayoría son ilegales y que encuentran en el contrabando el combustible que necesitan y que hay que limitar la prostitución al único local legal.

Lisa Henrito, una de las principales lideresas del pueblo pemón y de la Comisión de Seguridad Indígena, fundada a mediados de años, recordó que en el diagnóstico que se elaboró a propósito del surgimiento descontrolado de la inseguridad destacan 25 puntos.

Entre esos aspectos sobresale la urgencia de erradicar las invasiones como método para urbanizar los territorio que por tradición pertenecen a los pemón,  de limitar el ingreso de personas con antecedentes a las zonas mineras y de controlar el tráfico de combustible  y de la prostitución.   

Líderes indígenas y no indígenas también coincidieron en  el saneamiento de Caño Amarillo, una barriada en donde se refugian delincuentes solicitados en otros lugares del país.



Exigen a la AN investigar en profundidad las implicaciones financieras del AMO

Cada vez más, el Arco Minero del Orinoco (AMO) suma detractores, incluso entre los más diversos sectores y ç los líderes de diferentes tendencias políticas. A comienzos de diciembre, un grupo de ponentes, políticos, expertos, ecologistas e indígenas se reunieron en la Sala Protocolar de la Asamblea Nacional para exponer sus razones en contra del mega proyecto extrativista. La mayoría exigió al Parlamento que investigue qué hay detrás de las negociaciones con las empresas interesadas, mientras que otros consideran que lo más graves son sus implicaciones ambientales, sanitarias y culturales. Fotograf{ia: Nicol Marcel



Por Morelia Morillo, con datos de Nicol Marcel

Probablemente, ningún tema había logrado la coincidencia de tantos profesionales de diversas áreas y políticos de diferentes tendencias, de líderes indígenas y activistas ambientales como el plan Arco Minero del Orinoco, un proyecto impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro para la exploración y explotación en un área de 111 mil km² cuadrados al sur del río Orinoco.

El cinco de diciembre pasado, se reunieron, en la Sala Protocolar de la Asamblea Nacional, ponentes, políticos, expertos, ecologistas e indígenas para exponer sus argumentos contra la puesta en marcha del AMO. El rechazo fue unánime. Aquí algunos de los pronunciamientos.

De entre los vinculados al chavismo, Nicmer Evans, politólogo y líder de Marea Socialista, consideró que la AN debe "generar una investigación seria y dejar al descubierto todas las implicaciones financieras "que tienen mafiosos extrativistas, tanto por sectores del gobierno como por sectores de la oposición" y recordó que, apenas se iniciaron las contrataciones para el AMO, las acciones de la compañía canadiense Gold Reserve duplicaron su valor y la compañía su capital.

El parlamentario opositor Fredy Guevara insistió una vez más en que "ningún acuerdo que no haya sido aprobado por la Asamblea Nacional está vigente".

E igualmente apelando al marco jurídico del AMO, Freddy Gutiérrez, abogado, dijo que se omitieron formalismos jurídicos y los estudios de impacto ambiental obligatorios, se aceleraron procesos de contratación y de procura de maquinarias, se crearon estímulos fiscales y financieros que tan sólo deben contar con el visto bueno presidencial, se restringieron derechos consagrados como el derecho de asociación, de organización gremial y de huelga y se vulneraron el derecho a la información al criminalizar la divulgación de los impactos socio ambientales del AMO.

El activista Santiago Arconada recordó, apelando a los casos del Lago de Maracaibo, Tacarigua y Camatagua, el impacto extrativista sobre los cuerpos de agua y principales de nuestro país. Para él el peligro está a la vista: "Le queremos meter la puñalada al Orinoco con los proyectos de mega minería (…) Convertirlo en una merengada de cianuro y arsénico".

"Sin necesidad de participar de las minas, quienes viven alrededor de las minas de coltán mueren de cáncer", dijo el mayor Cliver Alcalá, quien estuvo al frente de la Región Estratégica para la Defensa Integral (REDI) Guayana. Relató que en algún momento tuvo que volar un puente en Canaima porque no podía con la minería y acerca de la inmensa migración de foráneos, buscadores de oro, hacia los territorios indígenas.

Esteban Emilio Mosonyi, académico, consideró el AMO como un genocidio y un ecocidio. Aseguró que las más perjudicadas serán las comunidades indígenas cuyos territorios ancestrales serán intervenidos si prospera el proyecto AMO. 150 empresas, provenientes de 35 países diferentes, rodeados por la minería ilegal, en zonas que hasta ahora son tierras indígenas.

A pesar de su cercanía con el chavismo, al ex ministra Ana Elisa Osorio llamó a mantener una actitud de "resistencia" frente a la actitud del presidente Maduro con respecto al AMO. Recordó  que el ex presidente Carlos Andrés Pérez fue enjuiciado por lo que a su juicio fue "mucho menos" y pidió a la AN que "tome cartas en el asunto".

Por lo pronto, el diputado Américo de Gracia, representante del estado Bolívar, dijo que se presentará en el Parlamento la Ley Orgánica para la creación y Protección de la Reserva Hidroeléctrica, elaborada por el experto en temas de derecho ambiental, Alexander Luzardo, con la finalidad de blindar jurídicamente la amplia región de Guayana en donde se generan las aguas a partir de las cuales se produce alrededor del 70% de la electricidad del país, así como la derogación del decreto 2248 que crea el AMO.





viernes, 9 de diciembre de 2016

Venezuela admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que carece de estudios de impacto ambiental sobre el Arco Minero

Vladimir Aguilar, del GTAI-ULA,  explicó que son especialmente vulnerables los pueblos Hoti o Jodi y el Eñepá porque apenas se encuentran en "en contacto inicial" o aislados. Fotografía: Cortesía.
Por Morelia Morillo
Dos Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y un equipo de académicos venezolanos asistieron a comienzos de diciembre a la audiencia pública del 159avo Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la finalidad de exponer las condiciones en las que el gobierno venezolano lleva adelante su mega proyecto Arco Minero del Orinoco (AMO), al sur del Orinoco.

Según reseña de la agencia EFE, en el encuentro, que se realizó en Ciudad de Panamá, una representación del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), del Laboratorio de Paz y del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI-ULA) expuso que a lo largo de  esos 111 mil kilómetros cuadrados habita 30 % de los pueblos originarios venezolanos y, sin embargo, estos no han sido informados ni consultados, como lo exige la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como tampoco se sometió a consideración de la Asamblea Nacional la participación transnacionales en el proyecto.

Vladimir Aguilar, del GTAI-ULA,  explicó que son especialmente vulnerables los pueblos Hoti o Jodi y el Eñepá porque apenas se encuentran en "en contacto inicial" o aislados.

“En los últimos meses, dijo, el gobierno ha realizado reuniones para informar a los pueblos indígenas sobre “los beneficios” que van a recibir con el proyecto del AMO. Una vez más, surge la demarcación como una herramienta de negociación. En reuniones con el Alto Gobierno, algunos líderes han planteado que no habrá discusión sobre el Arco Minero hasta tanto sus territorios hayan sido demarcados y titulados (…) Se ha realizado un proceso de cooptación partidista de algunas organizaciones y comunidades provocando una aculturación, división interna y desviación de la lucha histórica por sus territorios".

A su vez, Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, describió las violaciones a los derechos de libre asociación y manifestación pacífica generadas por el Decreto que crea el AMO y explicó que el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, vigente desde mayo, facilita las contrataciones respectivas al margen de la Asamblea Nacional.

“El artículo 30, numeral 2, de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, establece que los Estados deben celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”, dijo y denunció la criminalización sufrida por quienes han cuestionado el proyecto AMO.

En respuesta, de acuerdo con la nota de Provea, la representación del Estado venezolano, liderada por Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, describió las motivaciones económicas y sociales del proyecto y aseguró que, en un futuro, cuando estén listos, se difundirán de los estudios de impacto ambiental.

También expresó que la explotación minera sólo se hará en la quinta parte de la zona estimada dentro del AMO y no afectará las áreas protegidas.

Al conocer de estas situaciones, los comisionados de la CIDH rechazaron la criminalización de los defensores de derechos humanos que han advertido las condiciones del AMO y afirmaron que monitorearán el proyecto por ser un tema de interés.

Las ONGs pidieron a la CIDH que trabaje en un Informe País y para que la Relatoría sobre Derechos Indígenas visite Venezuela.

AMO e Ikabarú
El decreto Arco Minero contempla como Área Especial la zona de Ikabarú, correspondiente a la segunda parroquia del municipio Gran Sabana.

Al conocer de la inclusión de Ikabarú, las autoridades indígenas, lideradas por Juan Gabriel González, capitán general del Sector 7 del pueblo indígena pemón es decir de Ikabarú, recordaron que ya cuentan con su titularidad y solicitaron su exclusión de este plan.

En respuesta, los voceros gubernamentales accedieron verbalmente a la exclusión. Este tema fue tratado en el Consejo de Caciques Generales y Comunales del Pueblo Pemón que se celebró en la comunidad de San Antonio del Morichal a comienzos de noviembre pasado. En la resolución, dirigida al Gobierno Nacional, los caciques solicitaron al Estado Mayor Minero "la eliminación del Bloque Especial Ikabarú identificado por el Plan de Desarrollo Estratégico del Arco Minero del Orinoco".

jueves, 1 de diciembre de 2016

Minería, prostitución y tráfico de niños y niñas

La pareja conformada por Santander y Aguilera gestionó un Certificado de Nacimiento en el cual aparecen ellos como madre y padre de la bebé indígena.  Fotografía tomada de Andina.com.ve

En lo que va del último trimestre de 2016, la Defensoría del Niño, Nina y Adolescentes del  Municipio Gran Sabana ya recibió tres denuncias por tráfico. Las víctimas, según una fuente que prefirió no ser identificada, son en su mayoría indígenas pemón y la cifra supera los registros correspondientes a años anteriores.
La Gran Sabana, una región milenaria ubicada al sureste de Venezuela, en la frontera con Brasil, es el territorio ancestral del pueblo indígena pemón.
El más reciente de los casos se produjo a comienzos de octubre pasado. Entonces, la familia de Glenda Castro, de 20 años, madre de tres hijos y habitante de la comunidad de Aguas Negras en la parroquia Ikabarú, denunció que una pareja de desconocidos había presentado a la recién nacida de Glenda, una niña de apenas dos semanas.
Ante la presunción del delito de tráfico de niños en la modalidad de compra, los cuerpos de seguridad activaron un dispositivo de búsqueda, dando con la captura de Dugmary del Carmen Aguilar García, de 31 años de edad, quien había llegado siete meses antes a la zona minera de Ikabarú para trabajar como prostituta y de John Carlos Santander Barrera.
De acuerdo con los testimonios de los familiares de Castro, Glenda le había entregado la bebé a Dugmary con la finalidad de que la cuidara y le brindara una mejor vida, pero manteniendo siempre el contacto con su madre y el resto de la familia.
Sin embargo, Aguilar García salió de Ikabarú simulando haber parido "en el monte" y ya en Santa Elena de Uiarén, la capital municipal,gestionó un Certificado de Nacimiento en el Hospital Rosario Vera Zurita. En el documento, la pareja aparece como padre y madre de la pequeña a quien, vale decir, le cambiaron el nombre que hasta ese momento llevaba.
Tanto Aguilar García, como Santander Barrera y la madre de la niña fueron puestos a la orden de la Fiscalía Décima del Ministerio Público del Segundo Circuito Judicial del estado Bolívar y posteriormente los tres fueron privados de su libertad.
La fuente dijo que le preocupa que estas redes de tráfico penetren en las comunidades indígenas en donde podrían aprovechar el desconocimiento y la necesidad y recordó que este delito apenas es superado por las ganancias que genera el tráfico de drogas y armas.
De acuerdo con los conocedores de este tipo de mafias, se sabe que valiéndose del acceso al dinero, de violentas amenazas, de la fuerza o de la sugestión compran o raptan niños y niñas para después venderlos a unas segundas personas que se encargan de colocarlos en adopción, de prostituirlos, de esclavizarlos, de enfilarlos como soldados en conflictos bélicos e incluso de emplearlos como mendigos o sacrificarlos en prácticas religiosas.





martes, 22 de noviembre de 2016

Caciques pemón definieron normas para la minería en la cuenca del río Caroní

En el encuentro de San Antonio se elaboró además una resolución dirigida al Ejecutivo Nacional, considerando como positiva la reanudación del diálogo "para buscar mecanismos viables y factibles para la búsqueda de soluciones estructurales con respecto a la situación de las comunidades indígenas ubicadas en la cuenca del río Caroní"; se solicita la eliminación del Bloque Especial Ikabarú del plan Arco Minero del Orinoco y la renovación de las vocerías de las comisiones de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas para "acelerar los procesos de titulación". Foto tomada del perfil FB de Ángel Páez del Consejo de Caciques Generales.

Por Morelia Morillo
Después de tres días de discusiones, a comienzos de este mes de noviembre, los caciques pemón (o capitanes) generales y comunitarios de los sectores ubicados dentro del municipio Gran Sabana del estado Bolívar acordaron un total de 13 normas para la actividad minera en la cuenca del Caroní.
La Asamblea General del Consejo de Caciques Generales y Comunales del pueblo pemón, que se celebró en la comunidad indígena de San Antonio del Morichal, ubicada a 10 kilómetros de Santa Elena de Uairén, la capital de la última jurisdicción venezolana hacia el sureste, contó con alrededor de 560 asistentes por día. El acuerdo final, vale destacar, fue respaldado por 378 personas.
La primera medida fue suspender la minería de aluvión, que se realiza mediante balsas en el cauce de los ríos, en los sectores Urimán, Ikabarú, Wonkén, Santa Elena de Uairén, Kavanayén y Kamarata del municipio Gran Sabana, territorio ancestral del Pueblo Pemón y ubicar áreas de explotación que no afecten la cuenca del río Caroní.
Esos espacios, se explica en el segundo de los acuerdos alcanzados, deberán distanciarse entre 500 a 1000 metros de los afluentes y del propio río Caroní y se permitirá el trabajo minero siempre y cuando sea ejecutado principalmente por indígenas pemón e incluso por mestizos, es decir por hijos de padre o madre pemón, que presenten un proyecto para la recuperación de las áreas afectadas y dediquen al menos tres días por mes a las tareas rehabilitación.
Cada comunidad "deberá implementar el sistema de viveros para la recuperación de las áreas afectadas" y velar por la educación ambiental de los niños y niñas en las escuelas.
Se acordó que se intensificarán las acciones del Cuerpo de Seguridad Territorial para evitar el ingreso de personas foráneas con antecedentes penales, de alcohol en exceso, de drogas y de dinero procedente del narcotráfico para la compra de oro.
También se convino identificar y sancionar a los caciques e indígenas en general que se relacionen con la delincuencia organizada con la finalidad de traficar drogas o armas.
En el sexto de los puntos acordados se indica que sólo se permitirá el ingreso a los residentes no indígenas que "hacen vida" en las poblaciones de Ikabarú, El Polaco y El Paují "quienes por estar ubicados en la zona indígena demarcada y tutelada legalmente podrán convivir bajo los reglamentos establecidos por las comunidades indígenas".
Los capitanes y capitanas también decidieron "Considerar la situación de la pequeña minería en el Parque Nacional (…) para la búsqueda de una solución a esta problemática".
También se decidió considerar la propuesta sobre el apoyo económico para los gastos de oficina, personal y movilización del Consejo de Caciques Generales. Para este fin se definió que los sectores Wonkén y Santa Elena deberán contribuir con 100 gramos de oro y los sectores Ikabarú y Wonkén con 25% del 10% aportado a las comunidades.
Todas las comunidades indígenas mineras deberán fortalecer sus normas internas, de manera que los ingresos comunales beneficien las mejores que redunden en beneficio de todos: escuelas, ambulatorios, vialidad, viviendas y otros.
Como responsables inmediatos, los capitanes comunales se encargarán de supervisar el cumplimiento de cada uno de los acuerdos firmados. Quienes los incumplan serán expulsados de las áreas de trabajo minero.
En el encuentro de San Antonio se elaboró además una resolución dirigida al Ejecutivo Nacional, considerando como positiva la reanudación del diálogo "para buscar mecanismos viables y factibles para la búsqueda de soluciones estructurales con respecto a la situación de las comunidades indígenas ubicadas de la cuenca del río Caroní"; se solicita la eliminación del Bloque Especial Ikabarú del plan Arco Minero del Orinoco y la renovación de las vocerías de las comisiones de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas para "acelerar los procesos de titulación".


martes, 8 de noviembre de 2016

Los pemón y sus aliados se fortalecen a través del conocimiento en Derechos Indígenas y Derechos Humanos


El diplomado fue facilitado por el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas  (GTAI) de la ULA. Fotos: Morelia Morillo

Por Morelia Morillo
A pesar de las invasiones que los pemón han tenido que detener recientemente, en defensa de su territorio ancestral y sobre todo de su forma de vida, noviembre comenzó con una excelente noticia para este pueblo indígena: Veinte y cinco se sus líderes, lideresas, jóvenes en formación y aliados cursaron entre el 30 de octubre y el cinco de noviembre un diplomado en Derechos Indígenas y Derechos Humanos en la comunidad de Karawaré Tuy, El Paují, en la distante frontera venezolana hacia el Brasil.
Karawaré Tuy se encuentra a 80 kilómetros al oeste de Santa Elena de Uairén, en lo profundo de la Gran Sabana, el territorio heredado por los pemón. Hasta allí llegaron seis profesores del Grupo de Trabajo en Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes (ULA) gracias a su pasión y a la alianza entre la Unión Europea (UE), Lammp y nosotros, la Fundación Mujeres del Agua.
A mediano plazo, quienes participamos de este diplomado haremos parte de una red de defensores y defensoras en derechos indígenas y ambientales a nivel nacional.

Seis días de sesiones intensivas
Durante seis días, los participantes y sus facilitadores abordaron la vinculación entre los Derechos Humanos en general y los Derechos Indígenas y Ambientales en particular y la alianza inevitable entre los ambientalistas y los pueblos indígenas, que en Venezuela son 51 y ocupan cerca de la mitad del territorio nacional coincidiendo con la mayor parte de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abraes).
La visita de los profesores a El Paují se dio al tiempo que se pusieron en práctica rígidas medidas de seguridad de parte de la Capitanía Indígena del Sector 7-Ikabarú con la finalidad de frenar el ingreso de mineros foráneos, determinaciones que eventualmente afectan a la población no indígena. Sin embargo, esos seis días de estudio y reflexión ayudaron al acercamiento entre los pobladores de esta región en donde conviven indígenas pemón y no indígenas desde hace alrededor de 50 años.
Dos expresiones de Valdimir Aguilar, coordinador del GTAI, resuenan entre quienes asistimos: " La condición de los ambientalistas para salvar el planeta es acompañar a los indígenas en su derecho al territorio". Y una segunda: "No reconocer mi relación con la tierra pone en peligro mi condición como indígena y como pueblo".
Precisamente la oportunidad sirvió para revisar las fortalezas y debilidades del Título de Propiedad Colectiva entregado por el Estado a las autoridades del Sector 7-Ikabarú y el aumento de las amenazas que se ha generado tras el otorgamiento de la titularidad: la minería ilegal, el ingreso de mineros foráneos y la inevitable gestión de sus jurisdicción, para controlar la situación, por parte de las autoridades propias.
Y este sentido, las clases también sirvieron para intercambiar criterios con respecto al retraso en el otorgamiento de los títulos de los otros siete sectores que hacen parte del territorio pemón y especialmente del Sector 5-Kavanayén, un área ya auto demarcada por las comunidades que concuerda con el Sector Oriental del Parque Nacional Canaima.
Guiados por la profesora Linda Bustillos hicimos un recorrido por la evolución de los Derechos Humanos, Indígenas y la intervención del Estado en las tierras ancestrales, sitios prístinos, vitales para los planes de vida de las culturas originarias en donde actualmente prospera o se impulsan las actividades extractivas como la minería y específicamente el Arco Minero del Orinoco (AMO) en el caso venezolano.
Los pemón, quedó claro, no han sido informados ni consultados con respecto al plan gubernamental AMO, que para ellos, como para el resto de los pueblos indígenas del sur del río Orinoco, podría significar un genocidio.
Luego, el profesor Francisco Ferreira ahondó en los fundamentos del derecho en general, la libertad, la igualdad y especialmente del derecho penal y de la justicia indígena vigente en las jurisdicciones indígenas con contadas excepciones como el asesinato y la violación.
Su enfoque del tema fue preciso y oportuno al dejar claro que el objetivo de la justicia, en estos entornos, debe apuntar a la armonización de los indígenas con los no indígenas que durante años han vivido en estos espacios en condiciones de igualdad y respeto.
La profesora Belkis Rojas condujo una sesión dedicada a la revitalización del territorio a partir de la reactivación de sus valores materiales e inmateriales como la gastronomía, la economía y la medicina tradicional, el idioma y los aspectos culturales.
Elba Benavides, indígena pemón, presidenta de la Fundación Mujeres del Agua, nos guió por su huerto y por su sendero de plantas medicinales como una experiencia única de revitalización que busca además la protección de la laguna de El Paují tanto de la minería, como de la expansión urbana y de las quemas.
Y el profesor Gustavo Páez compartió con los participantes una detallado esquema de las secuelas de la actividad minera, una sistematización que no surgió de los libros sino de los testimonios que durante los días previos dieron los participantes: violencia, prostitución, drogas y destrucción amenazan el ambiente y la vida en una región que hasta hace pocos años se mantenía prácticamente aislada. "A lo que hemos llegado por perseguir la piedrita dorada esa", dijo Celina Daniels, una habitante de Kumarakapay, cuando vio toda aquella lista de desdichas puntualizadas sobre el pizarrón.
Pero, además, con él aprendimos la lectura y el manejo de mapas y el uso de herramientas precarias de medición como el hilo o de tecnología de avanzada como el GPS.
Durante la última de las sesiones de trabajo vimos y discutimos tres audiovisuales sobre la minería ilegal en el sur venezolano, el extractivismo en nuestro país y el AMO ese mega plan gubernamental en ciernes.
"Si nosotros no nos paramos de frente a la minería, puede ser legal o ilegal, vamos a terminar como en Las Claritas", dijo Celina Daniels. Las Claritas es la invasión minera que acorraló a su comunidad indígena, Inaway, a finales del siglo XX.

 




 




martes, 11 de octubre de 2016

Comunidades indígenas acompañan a autoridades para preservar seguridad


La llegada de personas a Santa Elena se aceleró ante el desabastecimiento de alimentos y medicinas que sufre Venezuela. Desde las zonas más pobladas, desde el centro y occidente venezolanos, vienen diariamente cientos de personas para comprar harinas, arroz, pasta, aceite y fármacos del lado brasilero de la frontera..Fotografía: Morelia Morillo
Por Morelia Morillo

Desde hace un mes y tres días, un equipo de 60 indígenas pemón (dividido en grupos de 10) acompaña a las autoridades civiles y materiales para que "hagan su trabajo" y así preserven el orden y la seguridad en Santa Elena de Uairén.

Santa Elena, con alrededor de 25 mil habitantes, es la capital del municipio Gran Sabana, territorio ancestral del pueblo indígena pemón. No obstante, es la principal población no indígena de la jurisdicción venezolana fronteriza con Brasil.  Un lugar que hasta hace cinco años era uno de los pueblos más tranquilos del país y en donde se han disparado los hurtos, atracos y asesinatos.

"Es un problema de Santa Elena, pero estamos claros que ha afectado a las comunidades indígenas", nos conversó Lisa Henrito, una lideresa pemón que se sumó al equipo que acompaña a los Caciques Generales y a las autoridades no indígenas, civiles y militares, en torno a la inseguridad.

El cinco de septiembre pasado, una familia de origen sirio sufrió un atraco en su casa. Tres de los cuatro miembros de la familia fueron asesinados y de inmediato la comunidad presionó hasta lograr la salida de la Policía del Estado Bolívar (PEB). 15 días después se comprobó que efectivamente dos agente de la PEB estaban vinculados al suceso que conmovió a esta población.

En poco más de un mes, mientras permanece intervenida la PEB en Gran Sabana, los cuerpos de seguridad arrestaron mediante puntos móviles y fijos y redadas a 200 delincuentes de alta peligrosidad solicitados por diversos delitos.

Uno de ellos era requerido en tres de las 23 entidades del país por haber cometido igual cantidad de asesinatos y sin embargo hacía vida en Santa Elena tras burlar las 14 alcabalas ubicadas a lo largo de la vía que conduce a esta frontera.

Henrito dijo que la comisión detectó que muchos delincuentes e indocumentados se refugian en las invasiones que han proliferado en Santa Elena, como Caño Amarillo, mientras que otros se internan en las minas de oro y diamante por tratarse de espacios distantes al margen de la ley. Santa Elena se encuentra a 1300 kilómetros de Caracas y a 750 de Ciudad Guayana, la urbe más cercana.

Se evaluó que si bien Santa Elena surgió, hace más de ocho décadas, como un pueblo minero en donde simultáneamente se instalaron los prostíbulos y luego se popularizó el contrabando de combustible, tanto para servir a las minas como para su venta a los visitantes brasileros, esa migración se aceleró ante el desabastecimiento de alimentos y medicinas que sufre Venezuela.

Desde las zonas más pobladas, desde el centro y occidente venezolanos, llegan diariamente cientos de personas para comprar harinas, arroz, pasta, aceite y fármacos del lado brasilero de la frontera.

Por lo pronto, la misión de los representantes de las comunidades indígenas más cercanas a Santa Elena (de Manak Krü, Maurak y Santo Domingo) es vigilar para que las autoridades hagan su trabajo: detengan el ingreso de delincuentes e indocumentados, limiten el ejercicio de la prostitución a las centros que cuentan con sus permisos, controlen las estaciones de servicios de acuerdo a las ordenanzas ya sancionadas, se desalojen y eviten las invasiones y se controle el caos reinante en el Terminal Internacional de Pasajeros.

Como soluciones, a mediano y largo plazo, las comunidades indígenas y no indígenas manejan 23 propuestas. Entre ellas destacan el establecimiento de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en Gran Sabana, para sean jóvenes nacidos y formados en la zona quienes ejerzan como policías acá.

Mientras que los voceros de la PEB insisten en la posibilidad de traer a esta frontera 60 efectivos recién graduados y sin una tachadura en su expediente.