jueves, 1 de diciembre de 2016

Minería, prostitución y tráfico de niños y niñas

La pareja conformada por Santander y Aguilera gestionó un Certificado de Nacimiento en el cual aparecen ellos como madre y padre de la bebé indígena.  Fotografía tomada de Andina.com.ve

En lo que va del último trimestre de 2016, la Defensoría del Niño, Nina y Adolescentes del  Municipio Gran Sabana ya recibió tres denuncias por tráfico. Las víctimas, según una fuente que prefirió no ser identificada, son en su mayoría indígenas pemón y la cifra supera los registros correspondientes a años anteriores.
La Gran Sabana, una región milenaria ubicada al sureste de Venezuela, en la frontera con Brasil, es el territorio ancestral del pueblo indígena pemón.
El más reciente de los casos se produjo a comienzos de octubre pasado. Entonces, la familia de Glenda Castro, de 20 años, madre de tres hijos y habitante de la comunidad de Aguas Negras en la parroquia Ikabarú, denunció que una pareja de desconocidos había presentado a la recién nacida de Glenda, una niña de apenas dos semanas.
Ante la presunción del delito de tráfico de niños en la modalidad de compra, los cuerpos de seguridad activaron un dispositivo de búsqueda, dando con la captura de Dugmary del Carmen Aguilar García, de 31 años de edad, quien había llegado siete meses antes a la zona minera de Ikabarú para trabajar como prostituta y de John Carlos Santander Barrera.
De acuerdo con los testimonios de los familiares de Castro, Glenda le había entregado la bebé a Dugmary con la finalidad de que la cuidara y le brindara una mejor vida, pero manteniendo siempre el contacto con su madre y el resto de la familia.
Sin embargo, Aguilar García salió de Ikabarú simulando haber parido "en el monte" y ya en Santa Elena de Uiarén, la capital municipal,gestionó un Certificado de Nacimiento en el Hospital Rosario Vera Zurita. En el documento, la pareja aparece como padre y madre de la pequeña a quien, vale decir, le cambiaron el nombre que hasta ese momento llevaba.
Tanto Aguilar García, como Santander Barrera y la madre de la niña fueron puestos a la orden de la Fiscalía Décima del Ministerio Público del Segundo Circuito Judicial del estado Bolívar y posteriormente los tres fueron privados de su libertad.
La fuente dijo que le preocupa que estas redes de tráfico penetren en las comunidades indígenas en donde podrían aprovechar el desconocimiento y la necesidad y recordó que este delito apenas es superado por las ganancias que genera el tráfico de drogas y armas.
De acuerdo con los conocedores de este tipo de mafias, se sabe que valiéndose del acceso al dinero, de violentas amenazas, de la fuerza o de la sugestión compran o raptan niños y niñas para después venderlos a unas segundas personas que se encargan de colocarlos en adopción, de prostituirlos, de esclavizarlos, de enfilarlos como soldados en conflictos bélicos e incluso de emplearlos como mendigos o sacrificarlos en prácticas religiosas.





martes, 22 de noviembre de 2016

Caciques pemón definieron normas para la minería en la cuenca del río Caroní

En el encuentro de San Antonio se elaboró además una resolución dirigida al Ejecutivo Nacional, considerando como positiva la reanudación del diálogo "para buscar mecanismos viables y factibles para la búsqueda de soluciones estructurales con respecto a la situación de las comunidades indígenas ubicadas en la cuenca del río Caroní"; se solicita la eliminación del Bloque Especial Ikabarú del plan Arco Minero del Orinoco y la renovación de las vocerías de las comisiones de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas para "acelerar los procesos de titulación". Foto tomada del perfil FB de Ángel Páez del Consejo de Caciques Generales.

Por Morelia Morillo
Después de tres días de discusiones, a comienzos de este mes de noviembre, los caciques pemón (o capitanes) generales y comunitarios de los sectores ubicados dentro del municipio Gran Sabana del estado Bolívar acordaron un total de 13 normas para la actividad minera en la cuenca del Caroní.
La Asamblea General del Consejo de Caciques Generales y Comunales del pueblo pemón, que se celebró en la comunidad indígena de San Antonio del Morichal, ubicada a 10 kilómetros de Santa Elena de Uairén, la capital de la última jurisdicción venezolana hacia el sureste, contó con alrededor de 560 asistentes por día. El acuerdo final, vale destacar, fue respaldado por 378 personas.
La primera medida fue suspender la minería de aluvión, que se realiza mediante balsas en el cauce de los ríos, en los sectores Urimán, Ikabarú, Wonkén, Santa Elena de Uairén, Kavanayén y Kamarata del municipio Gran Sabana, territorio ancestral del Pueblo Pemón y ubicar áreas de explotación que no afecten la cuenca del río Caroní.
Esos espacios, se explica en el segundo de los acuerdos alcanzados, deberán distanciarse entre 500 a 1000 metros de los afluentes y del propio río Caroní y se permitirá el trabajo minero siempre y cuando sea ejecutado principalmente por indígenas pemón e incluso por mestizos, es decir por hijos de padre o madre pemón, que presenten un proyecto para la recuperación de las áreas afectadas y dediquen al menos tres días por mes a las tareas rehabilitación.
Cada comunidad "deberá implementar el sistema de viveros para la recuperación de las áreas afectadas" y velar por la educación ambiental de los niños y niñas en las escuelas.
Se acordó que se intensificarán las acciones del Cuerpo de Seguridad Territorial para evitar el ingreso de personas foráneas con antecedentes penales, de alcohol en exceso, de drogas y de dinero procedente del narcotráfico para la compra de oro.
También se convino identificar y sancionar a los caciques e indígenas en general que se relacionen con la delincuencia organizada con la finalidad de traficar drogas o armas.
En el sexto de los puntos acordados se indica que sólo se permitirá el ingreso a los residentes no indígenas que "hacen vida" en las poblaciones de Ikabarú, El Polaco y El Paují "quienes por estar ubicados en la zona indígena demarcada y tutelada legalmente podrán convivir bajo los reglamentos establecidos por las comunidades indígenas".
Los capitanes y capitanas también decidieron "Considerar la situación de la pequeña minería en el Parque Nacional (…) para la búsqueda de una solución a esta problemática".
También se decidió considerar la propuesta sobre el apoyo económico para los gastos de oficina, personal y movilización del Consejo de Caciques Generales. Para este fin se definió que los sectores Wonkén y Santa Elena deberán contribuir con 100 gramos de oro y los sectores Ikabarú y Wonkén con 25% del 10% aportado a las comunidades.
Todas las comunidades indígenas mineras deberán fortalecer sus normas internas, de manera que los ingresos comunales beneficien las mejores que redunden en beneficio de todos: escuelas, ambulatorios, vialidad, viviendas y otros.
Como responsables inmediatos, los capitanes comunales se encargarán de supervisar el cumplimiento de cada uno de los acuerdos firmados. Quienes los incumplan serán expulsados de las áreas de trabajo minero.
En el encuentro de San Antonio se elaboró además una resolución dirigida al Ejecutivo Nacional, considerando como positiva la reanudación del diálogo "para buscar mecanismos viables y factibles para la búsqueda de soluciones estructurales con respecto a la situación de las comunidades indígenas ubicadas de la cuenca del río Caroní"; se solicita la eliminación del Bloque Especial Ikabarú del plan Arco Minero del Orinoco y la renovación de las vocerías de las comisiones de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas para "acelerar los procesos de titulación".


martes, 8 de noviembre de 2016

Los pemón y sus aliados se fortalecen a través del conocimiento en Derechos Indígenas y Derechos Humanos


El diplomado fue facilitado por el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas  (GTAI) de la ULA. Fotos: Morelia Morillo

Por Morelia Morillo
A pesar de las invasiones que los pemón han tenido que detener recientemente, en defensa de su territorio ancestral y sobre todo de su forma de vida, noviembre comenzó con una excelente noticia para este pueblo indígena: Veinte y cinco se sus líderes, lideresas, jóvenes en formación y aliados cursaron entre el 30 de octubre y el cinco de noviembre un diplomado en Derechos Indígenas y Derechos Humanos en la comunidad de Karawaré Tuy, El Paují, en la distante frontera venezolana hacia el Brasil.
Karawaré Tuy se encuentra a 80 kilómetros al oeste de Santa Elena de Uairén, en lo profundo de la Gran Sabana, el territorio heredado por los pemón. Hasta allí llegaron seis profesores del Grupo de Trabajo en Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes (ULA) gracias a su pasión y a la alianza entre la Unión Europea (UE), Lammp y nosotros, la Fundación Mujeres del Agua.
A mediano plazo, quienes participamos de este diplomado haremos parte de una red de defensores y defensoras en derechos indígenas y ambientales a nivel nacional.

Seis días de sesiones intensivas
Durante seis días, los participantes y sus facilitadores abordaron la vinculación entre los Derechos Humanos en general y los Derechos Indígenas y Ambientales en particular y la alianza inevitable entre los ambientalistas y los pueblos indígenas, que en Venezuela son 51 y ocupan cerca de la mitad del territorio nacional coincidiendo con la mayor parte de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abraes).
La visita de los profesores a El Paují se dio al tiempo que se pusieron en práctica rígidas medidas de seguridad de parte de la Capitanía Indígena del Sector 7-Ikabarú con la finalidad de frenar el ingreso de mineros foráneos, determinaciones que eventualmente afectan a la población no indígena. Sin embargo, esos seis días de estudio y reflexión ayudaron al acercamiento entre los pobladores de esta región en donde conviven indígenas pemón y no indígenas desde hace alrededor de 50 años.
Dos expresiones de Valdimir Aguilar, coordinador del GTAI, resuenan entre quienes asistimos: " La condición de los ambientalistas para salvar el planeta es acompañar a los indígenas en su derecho al territorio". Y una segunda: "No reconocer mi relación con la tierra pone en peligro mi condición como indígena y como pueblo".
Precisamente la oportunidad sirvió para revisar las fortalezas y debilidades del Título de Propiedad Colectiva entregado por el Estado a las autoridades del Sector 7-Ikabarú y el aumento de las amenazas que se ha generado tras el otorgamiento de la titularidad: la minería ilegal, el ingreso de mineros foráneos y la inevitable gestión de sus jurisdicción, para controlar la situación, por parte de las autoridades propias.
Y este sentido, las clases también sirvieron para intercambiar criterios con respecto al retraso en el otorgamiento de los títulos de los otros siete sectores que hacen parte del territorio pemón y especialmente del Sector 5-Kavanayén, un área ya auto demarcada por las comunidades que concuerda con el Sector Oriental del Parque Nacional Canaima.
Guiados por la profesora Linda Bustillos hicimos un recorrido por la evolución de los Derechos Humanos, Indígenas y la intervención del Estado en las tierras ancestrales, sitios prístinos, vitales para los planes de vida de las culturas originarias en donde actualmente prospera o se impulsan las actividades extractivas como la minería y específicamente el Arco Minero del Orinoco (AMO) en el caso venezolano.
Los pemón, quedó claro, no han sido informados ni consultados con respecto al plan gubernamental AMO, que para ellos, como para el resto de los pueblos indígenas del sur del río Orinoco, podría significar un genocidio.
Luego, el profesor Francisco Ferreira ahondó en los fundamentos del derecho en general, la libertad, la igualdad y especialmente del derecho penal y de la justicia indígena vigente en las jurisdicciones indígenas con contadas excepciones como el asesinato y la violación.
Su enfoque del tema fue preciso y oportuno al dejar claro que el objetivo de la justicia, en estos entornos, debe apuntar a la armonización de los indígenas con los no indígenas que durante años han vivido en estos espacios en condiciones de igualdad y respeto.
La profesora Belkis Rojas condujo una sesión dedicada a la revitalización del territorio a partir de la reactivación de sus valores materiales e inmateriales como la gastronomía, la economía y la medicina tradicional, el idioma y los aspectos culturales.
Elba Benavides, indígena pemón, presidenta de la Fundación Mujeres del Agua, nos guió por su huerto y por su sendero de plantas medicinales como una experiencia única de revitalización que busca además la protección de la laguna de El Paují tanto de la minería, como de la expansión urbana y de las quemas.
Y el profesor Gustavo Páez compartió con los participantes una detallado esquema de las secuelas de la actividad minera, una sistematización que no surgió de los libros sino de los testimonios que durante los días previos dieron los participantes: violencia, prostitución, drogas y destrucción amenazan el ambiente y la vida en una región que hasta hace pocos años se mantenía prácticamente aislada. "A lo que hemos llegado por perseguir la piedrita dorada esa", dijo Celina Daniels, una habitante de Kumarakapay, cuando vio toda aquella lista de desdichas puntualizadas sobre el pizarrón.
Pero, además, con él aprendimos la lectura y el manejo de mapas y el uso de herramientas precarias de medición como el hilo o de tecnología de avanzada como el GPS.
Durante la última de las sesiones de trabajo vimos y discutimos tres audiovisuales sobre la minería ilegal en el sur venezolano, el extractivismo en nuestro país y el AMO ese mega plan gubernamental en ciernes.
"Si nosotros no nos paramos de frente a la minería, puede ser legal o ilegal, vamos a terminar como en Las Claritas", dijo Celina Daniels. Las Claritas es la invasión minera que acorraló a su comunidad indígena, Inaway, a finales del siglo XX.

 




 




martes, 11 de octubre de 2016

Comunidades indígenas acompañan a autoridades para preservar seguridad


La llegada de personas a Santa Elena se aceleró ante el desabastecimiento de alimentos y medicinas que sufre Venezuela. Desde las zonas más pobladas, desde el centro y occidente venezolanos, vienen diariamente cientos de personas para comprar harinas, arroz, pasta, aceite y fármacos del lado brasilero de la frontera..Fotografía: Morelia Morillo
Por Morelia Morillo

Desde hace un mes y tres días, un equipo de 60 indígenas pemón (dividido en grupos de 10) acompaña a las autoridades civiles y materiales para que "hagan su trabajo" y así preserven el orden y la seguridad en Santa Elena de Uairén.

Santa Elena, con alrededor de 25 mil habitantes, es la capital del municipio Gran Sabana, territorio ancestral del pueblo indígena pemón. No obstante, es la principal población no indígena de la jurisdicción venezolana fronteriza con Brasil.  Un lugar que hasta hace cinco años era uno de los pueblos más tranquilos del país y en donde se han disparado los hurtos, atracos y asesinatos.

"Es un problema de Santa Elena, pero estamos claros que ha afectado a las comunidades indígenas", nos conversó Lisa Henrito, una lideresa pemón que se sumó al equipo que acompaña a los Caciques Generales y a las autoridades no indígenas, civiles y militares, en torno a la inseguridad.

El cinco de septiembre pasado, una familia de origen sirio sufrió un atraco en su casa. Tres de los cuatro miembros de la familia fueron asesinados y de inmediato la comunidad presionó hasta lograr la salida de la Policía del Estado Bolívar (PEB). 15 días después se comprobó que efectivamente dos agente de la PEB estaban vinculados al suceso que conmovió a esta población.

En poco más de un mes, mientras permanece intervenida la PEB en Gran Sabana, los cuerpos de seguridad arrestaron mediante puntos móviles y fijos y redadas a 200 delincuentes de alta peligrosidad solicitados por diversos delitos.

Uno de ellos era requerido en tres de las 23 entidades del país por haber cometido igual cantidad de asesinatos y sin embargo hacía vida en Santa Elena tras burlar las 14 alcabalas ubicadas a lo largo de la vía que conduce a esta frontera.

Henrito dijo que la comisión detectó que muchos delincuentes e indocumentados se refugian en las invasiones que han proliferado en Santa Elena, como Caño Amarillo, mientras que otros se internan en las minas de oro y diamante por tratarse de espacios distantes al margen de la ley. Santa Elena se encuentra a 1300 kilómetros de Caracas y a 750 de Ciudad Guayana, la urbe más cercana.

Se evaluó que si bien Santa Elena surgió, hace más de ocho décadas, como un pueblo minero en donde simultáneamente se instalaron los prostíbulos y luego se popularizó el contrabando de combustible, tanto para servir a las minas como para su venta a los visitantes brasileros, esa migración se aceleró ante el desabastecimiento de alimentos y medicinas que sufre Venezuela.

Desde las zonas más pobladas, desde el centro y occidente venezolanos, llegan diariamente cientos de personas para comprar harinas, arroz, pasta, aceite y fármacos del lado brasilero de la frontera.

Por lo pronto, la misión de los representantes de las comunidades indígenas más cercanas a Santa Elena (de Manak Krü, Maurak y Santo Domingo) es vigilar para que las autoridades hagan su trabajo: detengan el ingreso de delincuentes e indocumentados, limiten el ejercicio de la prostitución a las centros que cuentan con sus permisos, controlen las estaciones de servicios de acuerdo a las ordenanzas ya sancionadas, se desalojen y eviten las invasiones y se controle el caos reinante en el Terminal Internacional de Pasajeros.

Como soluciones, a mediano y largo plazo, las comunidades indígenas y no indígenas manejan 23 propuestas. Entre ellas destacan el establecimiento de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en Gran Sabana, para sean jóvenes nacidos y formados en la zona quienes ejerzan como policías acá.

Mientras que los voceros de la PEB insisten en la posibilidad de traer a esta frontera 60 efectivos recién graduados y sin una tachadura en su expediente.












viernes, 13 de mayo de 2016

La crisis y el oro disparan la prostitución en Gran Sabana

En los sitios en donde antes trabajaban fundamentalmente brasileras, ahora laboran mujeres venezolanas. Fotografía: Morelia MorRas

Por Morelia Morillo
De manera alarmante, el elevadísimo precio del oro, el aumento de la minería y la crisis económica que vive el país han determinado el aumento de la prostitución en Santa Elena de Uairén y en las zonas mineras de la Gran Sabana, en el sureste de Venezuela. Mujeres que llegan para prostituirse aquí.

En Santa Elena, la principal ciudad de una región en donde prolifera la minería, los compradores pagan por un gramo de oro entre 28 000 a 32 000 bolívares. Mientras en el resto del país hay una crisis económica terrible, en esta zona hay mucho efectivo en las calles y mineros dispuestos a pagar por sexo.

Zaida Almeida, vice presidenta del Concejo Municipal de Gran Sabana y quien trabajó durante décadas en Ikabarú, dijo que en esa parroquia "siempre las hubo (prostitutas), pero no como ahora (…) De 13, de 14, de 15 años".

Ikabarú es la segunda parroquia del municipio Gran Sabana, se calcula, según Almeida, que el 80% de la población se dedica a la minería.

Relató que, recientemente, un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que está asignado a la localidad, pidió a las menores de edad los números de teléfono de sus madres. "Eso y que chillaban y las llamó para que las buscaran". Las madres se sorprendieron al saber en dónde y en qué andaban.

Los concejales, dijo Almeida, han tratado el tema "pero cuando se cierra una puerta (dijo refiriéndose a los prostíbulos) se abren 1000".

Nuestra compañera Valdirene Santos publicó un post a finales de año en este blog: "El día cuatro de diciembre, en la población de El Paují, estaba yo sentada en mi bodega, cuando vi una camioneta pickup llegar, estaba llena de mujeres jóvenes y no tan jóvenes, ellas se bajaron a comprar útiles personales, se veía que eran prostitutas, lo cual nos confirmó el chofer diciéndonos que las llevaba a trabajar para las minas de Perro Loco", zona minera de la Parroquia Ikabarú.

Mercedes Castro, otra de nuestras compañeras de la Fundación Mujeres del Agua, nos contó que visitó la mina de San Miguel de Caracol en 2015.

De carpa en carpa y de barraca en barraca vagaba una chica a quienes los mineros, indígenas y no indígenas, llamaban "una grama" porque ofrece su cuerpo a cambio de un gramo de oro. La chica es indígena pemón. Se dice que a pesar de su juventud y belleza contrajo el HIV en la mina conocida como Apanao.

Liza Henrito, funcionaria de Salud Indígena del Ministerio de Salud, comentó que también en las comunidades ha aumentado la prostitución al igual que la minería.

Dijo que las autoridades comunales tratan de controlarla imponiendo normas: Si la mujer que se prostituye es casada se le expulsa de la comunidad, al igual que al hombre que paga por sus servicios. Las solteras practican la prostitución tratando de que nadie se percate y por eso, bajo amenaza, sus clientes dejan de pagarles.

En Kaurapí la capitanía quemó varios burdeles, luego de sacar de ellos 26 prostitutas entre extranjeras y venezolanas. "Están haciendo una limpieza".

Una funcionaria del Centro de Coordinación Policial Gran Sabana de la Policía del Estado Bolívar dijo que "ellas empezaron a llegar desde el mes de febrero de 2015, por los sueldos, por la escasez de comida, porque todo estaba más caro".

Según esta fuente dicen ser enfermeras, ingenieras, maestras, administradoras, abogadas; proceden de Caracas, Valencia, Barquisimeto. "Vienen porque dicen que el dinero que cobraban en sus empleos no sustenta la comida y no les alcanza ni para vestir a sus hijos".

La enfermera asignada a la Unidad de Enfermedades de Transmisión Sexual del Hospital Rosario Vera Zurita nos dijo que cada día reciben de cinco a seis "meretrices" y que al cierre de la semana contabilizan alrededor de 20 certificados.

Tienen edades entre 19 a 53 años, "antier vino una de 51 años". La mayoría le cuenta que llegan para trabajar en los clubes nocturnos, algunas para desempeñarse independientemente. Sólo algunas se aventuran hasta Ikabarú.

"Donde haya bulla minera, ellas van. Ellas vienen bajando desde El Callao, Guasipati, Tumeremo, Las Claritas y donde puedan trabajar, trabajan". Estos son los pueblos del sur del Estado Bolívar, ubicados antes de Santa Elena.

Son de Maracaibo, Maracay, Valencia, Miranda, Táchira. En el tiempo que ella lleva en el cargo, alrededor de un año, conoció a una dominicana, a una brasilera y a una cubana, pero a ninguna indígena, "son criollas todas y no son de la zona (…) Ellas duran tres meses y después se van", regresan a sus sitios de origen.

Le cuentan que, por noche, cada una recibe de cinco a seis clientes, las que entran a las zonas mineras cobran en gramas de oro.



lunes, 25 de abril de 2016

Abogadas brindaron orientación a la comunidad de El Paují por caso de violación

La mujeres de la comunidad se han organizado con el propósito de que este caso sea castigado y que no se repita. Fotografía: Morelia Morillo

Por Morelia Morillo
El martes 19 de abril, las abogadas Betty Lurúa y Celina Daniels visitaron la comunidad de El Pauji para conversar con un grupo de vecinos con respecto a las instituciones y las leyes con las que cuentan para defenderse en caso de que se presente una nueva violación o un acto lascivo.

El Paují cuyo nombre indígena es Karawaré Tuy, una comunidad en la que conviven indígenas pemón y no indígenas, conocida por ser un lugar tranquilo y hermoso, fue sacudida hace mes y medio por un hecho nefasto: la violación de una niña de cuatro años por parte de un miembro de su familia.

Adicionalmente, en una asamblea comunal, se conoció que al menos dos mujeres más habrían sido víctimas de ese sujeto. El hombre fue denunciado, apresado e inexplicablemente liberado. Se cree que, por el desconocimiento acerca del tema, durante el proceso de denuncia se cometieron errores y que las instancias correspondientes  no han procedido con la celeridad que la situación amerita, pues además de hacer justicia el objetivo es que este hecho no se repita.

Por tanto, las mujeres que forman parte de los consejos comunales Karawaré Tuy y El Paují, así como el capitán Rogilio Campino promovieron esta actividad del 19, para aclarar dudas y apoyar a la madre de la niña. Por su parte, la Fundación Mujeres del Agua  respaldo el esfuerzo comunitario que implicó llevar a las abogadas hasta esta comunidad ubicada a 80 kilómetros de Santa Elena.

Más allá de los argumentos jurídicos, las sugerencias de ambas abogadas apuntaron especialmente a la prevención basada en el amor, en el fortalecimiento de los valores y en la solidaridad dentro de la familia y de la comunidad.

Ambas insistieron en que para evitar la violencia hay que dar amor a los hijos e hijas, enseñarles el respeto por la libertad, apoyar a la madre de la niña abusada en el seguimiento del caso y en la recuperación sicológica de ambas y estar siempre vigilantes ante este tipo de acciones pues estamos tanto en el derecho como en la obligación de formular las denuncias cuando sea necesario.

"Los niños y niñas son prioridad absoluta", dijo Lurúa.

Betty Lurúa, quien fue defensora de los niños, niñas y adolescentes, invitó a conocer nuestros derechos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana y en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) y a demandar acciones concretas de parte de los funcionarios del Estado Venezolano y que, de lo contrario, "merecen sanciones".

El proceso
En Santa Elena, capital del municipio Gran Sabana, el más distante hacia el extremo sureste del país, existen instituciones facultadas para recibir una denuncia e iniciar una investigación de este tipo: la Fiscalía del Ministerio Público, el Tribunal Municipal, el Destacamento de Fronteras y los puntos de control fijos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Coordinación de la Policía del Estado Bolívar y el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

E igualmente quedó claro que cualquier profesional de la salud, sea comunitario, público o privado, está en la obligación de levantar un informe y notificar a los organismos pertinentes cuando sepa de un caso de esta naturaleza.

Ambas insistieron en que, una vez formulada la denuncia, lo importante es acompañarla, que tanto la víctima como sus familiares, vecinos y organizaciones comunitarias le den seguimiento y vida a esa demanda.

Recordó que las personas que son objeto de violencia "se creen culpables y no son capaces de hablar, creen que son ellos quienes generan esa violencia" y que por tanto es responsabilidad de la familia y de la comunidad acompañarlos en la búsqueda de justicia, un proceso que, con frecuencia, resulta largo.

El capitán Rogilio Campino desmintió que este tipo de acciones forme parte de la cultura pemón y por el contrario recordó que él mismo sirvió de intérprete en una oportunidad, ante un hecho similar y que fue un tribunal ordinario el que no estableció un castigo acorde a la gravedad del delito.

Como defensora de la mujer pemón, Celina Daniels insistió en que "nuestras propias autoridades vulneran nuestros derechos como mujeres, entonces nosotros tenemos que unirnos" y desarrollo especialmente el tema religioso tomando en cuenta que El Paují, como muchas otras comunidades de la Gran Sabana, es un asentamiento fundamentalmente adventista.

Dijo Daniels que Dios creo tanto al hombre como a la mujer libres y que de acuerdos con los textos bíblicos los propios israelitas establecían duras sanciones para aquellos que incurrieran en abusos sexuales.

Como producto de este encuentro, el Comité de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Consejo Comunal se comprometió a apoyar a la madre de la niña afectada en el seguimiento del expediente y Celina Daniels dijo que intervendrá para que la sicóloga que trabaja para un centro de educación adventista de la zona atienda a la mujer y a su pequeña con la finalidad de que este hecho traumático deje en ellas las menores secuelas posibles.







  

sábado, 16 de abril de 2016

El paludismo pasa a ser una enfermedad urbana en Gran Sabana


Esta enfermedad, tradicionalmente asociada a la selva y a la actividad minera ilegal, se hace cada vez más recurrente entre los habitantes de la capital del municipio Gran Sabana. Los especialistas explican que esto se debe a la movilización de los enfermos, a la deforestación de los bosques cercanos, a las fallas del sistema de salud. Imagen: Cortesía.




Por Morelia MRs
Entre finales de marzo, y comienzos de abril, mientras la sequía, atribuida al fenómeno de El Niño, se posterga y las temperaturas se disparan, incluso durante la noche, en la precariamente urbana Santa Elena de Uairén, a los diagnósticos de zika y dengue entre las personas que viven y trabajan acá, entre aquellos que no suelen ir a las minas, se suman los de paludismo o malaria humana.

Santa Elena es la capital del municipio Gran Sabana, en el sureste de Venezuela, una ciudad de entre 25 a 30 mil habitantes, rodeada de áreas protegidas y de zonas selváticas en donde se practica la minería ilegal y se disemina el paludismo, una enfermedad transmitida por el mosquito anófeles.

Sin embargo, por su temperatura, los residentes de Santa Elena históricamente se han mantenido a salvo de esta dolencia caracterizada por fiebres, escalofríos, dolores musculares y de cabeza y  que incluso puede causar la muerte.

Durante la semana epidemiológica número 12, la última del mes de marzo, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Rosario Vera Zurita contabilizó entre las dos parroquias que conforman el municipio, Gran Sabana sección capital e Ikabarú, un total de 371 casos, si bien los registros no discriminan entre los infectados en una u otra zona de la jurisdicción.

De los 371 casos, 272 padecen del tipo Vivax, 47 del falciparum y 52 de ambos es decir son casos en los que la sangre vista al microscopio reveló que el paciente se encuentra infectado con los dos tipos de paludismo que se presentan en la zona. Durante la semana epidemiológica número 12 del año 2015, el Servicio contó 79 casos de Vivax, 35 de falciparum y 58 mixtos, para un total de 172 casos.

Hay además otras dos comunidades en donde históricamente no se presentaban casos de paludismo y en donde recientemente existen docenas de enfermos: Chirikayén y El Paují, ubicadas a 27 y 80 kilómetros de la ciudad fronteriza. Dos sitios altos, antes frescos y cada vez más cálidos en donde poco o nada se practicaba la minería y en donde cada vez más se realiza esta actividad.

En el Servicio de Vigilancia Epidemiológica se cree que este cambio en la localización de la malaria se debe primordialmente a la sequía generada por el fenómeno de El Niño y a los cambios de temperatura. Explican que en un ambiente cálido el mosquito vive más y durante esas horas extras logra picar a una persona enferma, entre aquellos que llegan de las minas y luego infectar a una persona sana, entre aquellos que residen permanentemente en Santa Elena.

El personal de Epidemiología no descarta que esta modificación obedezca a la deforestación de los bosques próximos, pues el mosquito vive en zonas boscosas.

Se deforesta con fines urbanísticos, agrícolas o mineros, En los últimos 18 años, en Santa Elena se han consolidado al menos 18 invasiones, en espacios naturales y desde hace cinco años o un poco más existe una gigantesca mina en los límites entre la comunidad de Maurak y La Planta, un barrio urbano.

Adicionalmente, los adscritos a Epidemiología no poseen ni carros, ni equipos, ni químicos para fumigar, dependiendo así del apoyo de sus colegas brasileros.

A mediados de marzo, en virtud de la emergencia declarada en Brasil ante la proliferación del virus del zika, las autoridades epidemiológicas de ese país comisionaron a sus funcionarios y siete camionetas fumigaron el flanco venezolano de la frontera. Desafortunadamente, las fumigaciones posteriores no se hicieron en los tiempos óptimos. Ahora se sabe que por petición de la Alcaldía de Gran Sabana, los brasileros van a enviar dos camionetas más, muy probablemente hacia las zonas mineras que es en donde hay más malaria.

La proliferación del paludismo en la zona urbana ya se dio durante la sequía entre los años 2011-2012. Pero en aquel momento sólo se diseminó el Vivax y la temporada duró menos. Ahora, en La Planta, El Hospital, La Bolivariana, Cielo Azul, Guayabal, La Orquídea y Puerto San Rafael hay infectados.

Como no son mineros, los infectados ni siquiera sospechan acerca de la posibilidad de sufrir de este mal, lo cual los expone durante más tiempo a la presencia del parásito en su torrente sanguíneo. Por tanto, la recomendación es contundente: de momento, todo habitante de esta frontera que lleve más de tres días con los síntomas mencionados, debe hacerse una gota gruesa.

En la Unidad de Malariología Demarcación I de Santa Elena de Uairén aseguran que el origen del problema son las personas mal curadas, quienes al llegar de las minas son picadas por los mosquitos que luego infectan a los habitantes de la localidad, un factor al cual se suman las altas temperaturas, "el mosquito es más virulento, vive más, pica más, aunado a que no tenemos vehículo, no tenemos cómo fumigar", explicó un funcionario sin identificarse.

Los exámenes y los tratamientos son gratuitos. Sin embargo, no siempre las dependencias de salud están en capacidad de colocar en manos del paciente, desde el momento del diagnóstico, la cantidad total de pastillas que debe tomar.

Pedro Clauteaux, especialista en malaria con años de experiencia en la zona, cree que el problema radica en las personas mal curadas, portadores de un parásito que posteriormente es transmitido por el anófeles a una persona sana, incluso fuera de la zona comúnmente vinculada a la acción de estos insectos.


Explicó que –eventualmente- si llegan tres pacientes el tratamiento se reparte entre los tres y se les pide que vuelvan por el resto. No obstante, uno regresa en el tiempo indicado, el segundo retorna con retraso y el tercero no vuelve porque se siente bien, pero, en determinadas condiciones (como, por ejemplo, sequía, calor y fallas en cuanto fumigación) puede transmitir la enfermedad.