Indígenas y ambientalistas alertas ante el Arco Minero

La contaminación de las fuentes de agua es una de las consecuencias más evidentes de la minería. Foto: Cortesía.

Fundación Mujeres del Agua

Durante el mes de febrero, el Ejecutivo Nacional lanzó dos decretos vinculados a la actividad minera y específicamente a su desarrollo en el sur del país, en el estado Bolívar.

El Nº 2.231, del 10 de febrero, crea la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio del Poder Popular para Defensa, facultada para realizar "Todo lo relativo a las actividades lícitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin que esto implique limitación alguna".

Luego, el 24 de febrero, se emitió el decreto Nº 2.248 mediante el cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), que establece el marco legal para la explotación minera mediante concesiones sobre una extensión de 111.843 km2.

Adicionalmente, el presidente Nicolás Maduro firmó memorandos de entendimiento con las 150 empresas, de 35 países, que se incorporan a la exploración y explotación del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

El Arco Minero abarca la zona norte del estado Bolívar, el noreste del estado Amazonas, territorios ancestrales de los pueblos baniva, piaroa, yekuana y jivi,  y el llamado el Bloque Especial Icabarú.

Con respecto a estas decisiones, han surgido varios cuestionamientos que apuntan tanto a los riesgos ambientales y sociales, como a la falta de una consulta previa, libre e informada, tal y como la prevé la Constitución, entre los pueblos originarios.

“Nos afecta el pronunciamiento del Presidente de la República Nicolás Maduro, cuando expresó ante el país la reactivación del Arco Minero que afecta a toda la región de Guayana y ahí estamos los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana. Nos afecta porque se está hablando de una explotación minera, de extractivismo, de la búsqueda de recursos a un alto costo para nosotros. ¿Por qué?, porque significa la destrucción de los bosques, de las cuencas hidrográficas de los ríos más importantes de la Amazonía venezolana”, manifestó Gregorio Mirabal, coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA), según una nota de Provea.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) precisó en otro comunicado que, además de ignorar los requisitos establecidos por la Constitución para proyectos de tal envergadura, el decreto AMO lesiona garantías fundamentales.

El documento señala que, en su artículo 25, el decreto afecta los principios de universalidad y progresividad y los contenidos inherentes al derecho de libre asociación y reunión al establecer que los intereses del Estado, en maximizar la producción minera, se encontrarían por encima de los derechos de los particulares, gremios o sindicatos.

Provea considera también que en el marco de este decreto se proscribe el derecho a manifestar pacíficamente y a declararse en huelga.

Menciona en su comunicado, citando el decreto, que "los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas (…) serán sancionados" y que "Los organismos de seguridad del Estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades".

El ambientalista Diego Díaz recordó, en un artículo publicado en el sitio web de Globovisión, que el polvo emitido por las actividades extractivas, durante la voladura y arranca de material o durante los procesos de carga, transporte y deposición de escombros, suele ser altamente contaminante.

Se refirió también a la deforestación, erosión y pérdida de suelos fértiles, a la contaminación por sustancias tóxicas, a la alteración de los procesos naturales, a la modificación del relieve y, por supuesto, a la más lógica y perversa de las consecuencias de la minería: la contaminación de las fuentes de agua, bien por metales pesados o metaloides o por las cantidades de materiales que se depositan en los ríos y manantiales. 

Globovisón también entrevisto al abogado, especialista en derecho ambiental, Alexander Luzardo quien advirtió que este plan es un crimen ecológico y un genocidio contra los pueblos indígenas.

Incluso en los portales web cercanos al Gobierno surgieron voces críticas, por tratarse de un tema de enorme riesgo ambiental y por tanto social y económico: " las autoridades ambientales saben lo catastrófico que significa autorizar a esa súper corporación (Gold Reserve) a explotar el oro al Sur del Estado Bolívar, debido a que la minería utiliza, de manera intensiva, grandes cantidades de cianuro, una sustancia muy tóxica que permite recuperar el oro del material removido", al igual que menciona que para llevar a cabo sus labores ocupan extensiones de hasta 150 hectáreas y se cavan cráteres de hasta 500 metros", escribió Lenin Cardozo en Aporrea.org.

Aporrea también difunde en videos declaraciones de Carlos Azpurua y Ana Elisa Osorio alertando con respecto a lo que se viene.