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Las comunidades indígenas de los pueblo Pemón, Akawaio, Arawako, Kariña pertenecientes a los sectores III, IV, V, VI, VII, y VIII, solicitaron al Ejecutivo Nacional ordenar una limpieza de las bandas armadas que actúan en las zonas mineras de Gran Sabana y aseguraron que de lo contrario las propias autoridades tradicionales y sus comisiones de seguridad se encargarían del saneamiento. Fotografía referencia: Archivo Morelia Morillo
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Por Morelia Morillo
Entre los muchos temas expresados por
los capitanes que asistieron al Congreso Pemón que se realizó en la comunidad
de Waramasén, a 25 kilómetros de Santa Elena de Uairén, capital del municipio
Gran Sabana, entre el 12 y el 17 del mes en curso, uno atrapó la atención de
quienes vivimos en estas tierras porque amamos la tranquilidad y la paz: la
inseguridad se está apoderando de algunos sectores mineros de Ikabarú, los pranes, que es como se les llama a los
líderes negativos en las cárceles venezolanas y otras tierras sin ley, están
tomando el control de esas zonas de donde sale el oro y diamantes y están
amenazando de muerte a las autoridades del Pueblo Indígena Pemón, habitantes
ancestrales de los territorios del sureste lejano de Venezuela.
Las comunidades indígenas de
los pueblo Pemón, Akawaio, Arawako, Kariña pertenecientes a los sectores III,
IV, V, VI, VII, y VIII, solicitaron al Ejecutivo Nacional ordenar una limpieza de
las bandas armadas que actúan en las zonas mineras de Gran Sabana y aseguraron
que de lo contrario las propias autoridades tradicionales y sus comisiones de
seguridad se encargarían del saneamiento.
El Grupo de Trabajo en Asuntos
Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI-ULA) divulgó un comunicado
exigiendo medidas cautelares para Juan Gabriel González, capitán general del
Sector 7 del Pueblo Pemón, la zona más afectada por la violencia, el
saneamiento por parte del Estado y la paralización del Arco Minero sobre los
sectores indígenas.
Y Nicol Marcel, coordinadora de
proyectos de la Fundación Mujeres del Agua (FMA), la única organización
ambientalista con presencia permanente en el municipio Gran Sabana, reflexionó
sobre la urgencia de crear una red de defensores y defensoras con la finalidad
de analizar entre todos las situaciones
de riesgo y tomar medidas sencillas que pudieran resultar vitales.
Robo
en helicóptero y otros hechos
Durante el encuentro de Waramasén se
confirmó que, tres semanas atrás, los indígenas que trabajan en el yacimiento
de Aguacina fueron víctimas de un robo por parte de una banda armada.
Aguacina se encuentra en la comunidad
de Parkupí, en el Sector Siete del pueblo pemón, aproximadamente a una hora de
vuelo de Santa Elena de Uairén.
De acuerdo con los testigos, la banda
llegó al sitio a bordo de un helicóptero. Tan pronto como los sujetos armados
descendieron, el helicóptero despegó. Los hombres encapuchados obligaron a los
indígenas a resumir es decir a retirar la totalidad del mineral que habían
conseguido y que aún se encontraba dentro de la máquina. Habrían conseguido
reunir 600 gramos de oro, el equivalente a Bs. 60 millones. Posteriormente, se
internaron río abajo, según la nota publicada en El Pitazo.
Según los testimonios, un hecho similar
se produjo el día ocho de febrero, pero sin helicóptero. Varios sujetos armados
llegaron a la mina de Aguacina el día del resumen, que suele hacerse una vez
cada quince o 30 días y se llevaron el oro.
Desde mediados del año pasado, se disparó el ingreso de personas no indígenas al
Sector Ikabarú en donde residen 4200 personas. En agosto de 2016, según el
capitán general del Sector Siete, Juan Gabriel González, llegaron 1600 personas,
incrementándose las disputas por los yacimientos, los robos y amedrentamientos
contra los indígenas pemón. Desde
entonces, Juan Gabriel González asumió la defensa de su territorio y de su
gente, restringiendo el ingreso de foráneos al territorio sobre cual detentan
un Título de Hábitat y Tierras (2013) y
comenzó a recibir amenazas.
Al salir de una reunión de consejos
comunales, en el pueblo de Ikabarú, capital de la segunda parroquia del
municipio Gran Sabana, el 12 de octubre de 2016, a propósito del día de la
Resistencia Indígena, Juan Gabriel González, fue emboscado por hombres armados.
"Vimos armamento de alto calibre,
que nos sacaron. Hay personas armadas, drogas, proyectiles de guerra (…) Los
que están aquí, adentro, son los peones, pero hay autores intelectuales",
relató durante una reunión en El Pauji a comienzos de noviembre de 2016.
Declaración
de Waramasén
En la Declaración de Waramasén, las
autoridades indígenas expresaron: "Denunciamos además que pese a las
innumerables solicitudes para abordar la situación de violencia producto de
bandas armadas que han cobrado la vida de indígenas, además de instaurar
espacios donde solo la ley del pran
manda, los esfuerzos para garantizar la paz han sido insuficientes".
"Deploramos las amenazas por
grupos armados a los hermanos indígenas en el Municipio Sifontes, al capitán
general del Sector 7 y sus comunidades a lo largo del rio Ikabaru, también la
omisión de las Fuerzas Armadas para el desalojo de mineros en tierras y habitas
indígenas y la no consulta en elaborar políticas conjuntas en materia de
Seguridad y Defensa en todo lo que afecte a los pueblos y comunidades indígenas
según el art 11 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación".
Pronunciamiento del GTAI
En tal
sentido, el Grupo de Trabajo en Asuntos Indígenas de la Universidad de los
Andes (GTAI-ULA) divulgó el 21 del mes de febrero un comunicado en el cual
exige :
1. Medidas
cautelares en favor del Capitán General Indígena Pemon del Sector Ikabarú
Del
Municipio Gran Sabana, Estado Bolívar, Juan Gabriel González.
2. Saneamiento del territorio indígena Ikabarú
de terceros mineros ilegales.
3. Conversión de la auto demarcación en
demarcación del territorio indígena Pemon de la Gran Sabana mediante leyes
especiales.
4. Reforzamiento de las labores de vigilancia y
resguardo en las zonas de frontera por parte de las autoridades competentes.
5. Paralización
del Arco Minero
y de sus
efectos sobre los
territorios indígenas del Estado Bolívar.
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