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viernes, 24 de febrero de 2017

La violencia se dispara en las minas de Ikabarú y amenaza a los líderes indígenas

Las comunidades indígenas de los pueblo Pemón, Akawaio, Arawako, Kariña pertenecientes a los sectores III, IV, V, VI, VII, y VIII, solicitaron al Ejecutivo Nacional ordenar una limpieza de las bandas armadas que actúan en las zonas mineras de Gran Sabana y aseguraron que de lo contrario las propias autoridades tradicionales y sus comisiones de seguridad se encargarían del saneamiento. Fotografía referencia: Archivo Morelia Morillo


Por Morelia Morillo
Entre los muchos temas expresados por los capitanes que asistieron al Congreso Pemón que se realizó en la comunidad de Waramasén, a 25 kilómetros de Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, entre el 12 y el 17 del mes en curso, uno atrapó la atención de quienes vivimos en estas tierras porque amamos la tranquilidad y la paz: la inseguridad se está apoderando de algunos sectores mineros de Ikabarú, los pranes, que es como se les llama a los líderes negativos en las cárceles venezolanas y otras tierras sin ley, están tomando el control de esas zonas de donde sale el oro y diamantes y están amenazando de muerte a las autoridades del Pueblo Indígena Pemón, habitantes ancestrales de los territorios del sureste lejano de Venezuela.
Las comunidades indígenas de los pueblo Pemón, Akawaio, Arawako, Kariña pertenecientes a los sectores III, IV, V, VI, VII, y VIII, solicitaron al Ejecutivo Nacional ordenar una limpieza de las bandas armadas que actúan en las zonas mineras de Gran Sabana y aseguraron que de lo contrario las propias autoridades tradicionales y sus comisiones de seguridad se encargarían del saneamiento.
El Grupo de Trabajo en Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI-ULA) divulgó un comunicado exigiendo medidas cautelares para Juan Gabriel González, capitán general del Sector 7 del Pueblo Pemón, la zona más afectada por la violencia, el saneamiento por parte del Estado y la paralización del Arco Minero sobre los sectores indígenas.
Y Nicol Marcel, coordinadora de proyectos de la Fundación Mujeres del Agua (FMA), la única organización ambientalista con presencia permanente en el municipio Gran Sabana, reflexionó sobre la urgencia de crear una red de defensores y defensoras con la finalidad de analizar entre todos  las situaciones de riesgo y tomar medidas sencillas que pudieran resultar vitales.

Robo en helicóptero y otros hechos
Durante el encuentro de Waramasén se confirmó que, tres semanas atrás, los indígenas que trabajan en el yacimiento de Aguacina fueron víctimas de un robo por parte de una banda armada.
Aguacina se encuentra en la comunidad de Parkupí, en el Sector Siete del pueblo pemón, aproximadamente a una hora de vuelo de Santa Elena de Uairén.
De acuerdo con los testigos, la banda llegó al sitio a bordo de un helicóptero. Tan pronto como los sujetos armados descendieron, el helicóptero despegó. Los hombres encapuchados obligaron a los indígenas a resumir es decir a retirar la totalidad del mineral que habían conseguido y que aún se encontraba dentro de la máquina. Habrían conseguido reunir 600 gramos de oro, el equivalente a Bs. 60 millones. Posteriormente, se internaron río abajo, según la nota publicada en El Pitazo.
Según los testimonios, un hecho similar se produjo el día ocho de febrero, pero sin helicóptero. Varios sujetos armados llegaron a la mina de Aguacina el día del resumen, que suele hacerse una vez cada quince o 30 días y se llevaron el oro.
Desde mediados del año pasado, se  disparó el ingreso de personas no indígenas al Sector Ikabarú en donde residen 4200 personas. En agosto de 2016, según el capitán general del Sector Siete, Juan Gabriel González, llegaron 1600 personas, incrementándose las disputas por los yacimientos, los robos y amedrentamientos contra los indígenas pemón.  Desde entonces, Juan Gabriel González asumió la defensa de su territorio y de su gente, restringiendo el ingreso de foráneos al territorio sobre cual detentan un Título de Hábitat y Tierras (2013) y  comenzó a recibir amenazas.
Al salir de una reunión de consejos comunales, en el pueblo de Ikabarú, capital de la segunda parroquia del municipio Gran Sabana, el 12 de octubre de 2016, a propósito del día de la Resistencia Indígena, Juan Gabriel González, fue emboscado por hombres armados.
"Vimos armamento de alto calibre, que nos sacaron. Hay personas armadas, drogas, proyectiles de guerra (…) Los que están aquí, adentro, son los peones, pero hay autores intelectuales", relató durante una reunión en El Pauji a comienzos de noviembre de 2016.

Declaración de Waramasén
En la Declaración de Waramasén, las autoridades indígenas expresaron: "Denunciamos además que pese a las innumerables solicitudes para abordar la situación de violencia producto de bandas armadas que han cobrado la vida de indígenas, además de instaurar espacios donde solo la ley del pran manda, los esfuerzos para garantizar la paz han sido insuficientes".
"Deploramos las amenazas por grupos armados a los hermanos indígenas en el Municipio Sifontes, al capitán general del Sector 7 y sus comunidades a lo largo del rio Ikabaru, también la omisión de las Fuerzas Armadas para el desalojo de mineros en tierras y habitas indígenas y la no consulta en elaborar políticas conjuntas en materia de Seguridad y Defensa en todo lo que afecte a los pueblos y comunidades indígenas según el art 11 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación".

Pronunciamiento del GTAI
En tal sentido, el Grupo de Trabajo en Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI-ULA) divulgó el 21 del mes de febrero un comunicado en el cual exige :

1. Medidas cautelares en favor del Capitán General Indígena Pemon del Sector Ikabarú
Del Municipio Gran Sabana, Estado Bolívar, Juan Gabriel González.
2.  Saneamiento del territorio indígena Ikabarú de terceros mineros ilegales.
3.  Conversión de la auto demarcación en demarcación del territorio indígena Pemon de la Gran Sabana mediante leyes especiales.
4.  Reforzamiento de las labores de vigilancia y resguardo en las zonas de frontera por parte de las autoridades competentes.
5.  Paralización  del  Arco  Minero  y  de  sus  efectos  sobre  los  territorios  indígenas  del Estado Bolívar.



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