 |
La llegada de personas a Santa Elena se aceleró ante el desabastecimiento de alimentos y medicinas que sufre Venezuela. Desde las zonas más pobladas, desde el centro y occidente venezolanos, vienen diariamente cientos de personas para comprar harinas, arroz, pasta, aceite y fármacos del lado brasilero de la frontera..Fotografía: Morelia Morillo
|
Por Morelia Morillo
Desde hace un mes y tres días, un equipo de 60 indígenas
pemón (dividido en grupos de 10) acompaña a las autoridades civiles y
materiales para que "hagan su trabajo" y así preserven el orden y la
seguridad en Santa Elena de Uairén.
Santa Elena, con alrededor de 25 mil habitantes, es la
capital del municipio Gran Sabana, territorio ancestral del pueblo indígena
pemón. No obstante, es la principal población no indígena de la jurisdicción
venezolana fronteriza con Brasil. Un
lugar que hasta hace cinco años era uno de los pueblos más tranquilos del país
y en donde se han disparado los hurtos, atracos y asesinatos.
"Es un problema de Santa Elena, pero estamos claros que
ha afectado a las comunidades indígenas", nos conversó Lisa Henrito, una
lideresa pemón que se sumó al equipo que acompaña a los Caciques Generales y a
las autoridades no indígenas, civiles y militares, en torno a la inseguridad.
El cinco de septiembre pasado, una familia de origen sirio
sufrió un atraco en su casa. Tres de los cuatro miembros de la familia fueron
asesinados y de inmediato la comunidad presionó hasta lograr la salida de la
Policía del Estado Bolívar (PEB). 15 días después se comprobó que efectivamente
dos agente de la PEB estaban vinculados al suceso que conmovió a esta
población.
En poco más de un mes, mientras permanece intervenida la PEB
en Gran Sabana, los cuerpos de seguridad arrestaron mediante puntos móviles y
fijos y redadas a 200 delincuentes de alta peligrosidad solicitados por
diversos delitos.
Uno de ellos era requerido en tres de las 23 entidades del
país por haber cometido igual cantidad de asesinatos y sin embargo hacía vida
en Santa Elena tras burlar las 14 alcabalas ubicadas a lo largo de la vía que
conduce a esta frontera.
Henrito dijo que la comisión detectó que muchos delincuentes
e indocumentados se refugian en las invasiones que han proliferado en Santa
Elena, como Caño Amarillo, mientras que otros se internan en las minas de oro y
diamante por tratarse de espacios distantes al margen de la ley. Santa Elena se
encuentra a 1300 kilómetros de Caracas y a 750 de Ciudad Guayana, la urbe más
cercana.
Se evaluó que si bien Santa Elena surgió, hace más de ocho
décadas, como un pueblo minero en donde simultáneamente se instalaron los
prostíbulos y luego se popularizó el contrabando de combustible, tanto para
servir a las minas como para su venta a los visitantes brasileros, esa
migración se aceleró ante el desabastecimiento de alimentos y medicinas que
sufre Venezuela.
Desde las zonas más pobladas, desde el centro y occidente
venezolanos, llegan diariamente cientos de personas para comprar harinas,
arroz, pasta, aceite y fármacos del lado brasilero de la frontera.
Por lo pronto, la misión de los representantes de las
comunidades indígenas más cercanas a Santa Elena (de Manak Krü, Maurak y Santo
Domingo) es vigilar para que las autoridades hagan su trabajo: detengan el
ingreso de delincuentes e indocumentados, limiten el ejercicio de la
prostitución a las centros que cuentan con sus permisos, controlen las
estaciones de servicios de acuerdo a las ordenanzas ya sancionadas, se
desalojen y eviten las invasiones y se controle el caos reinante en el Terminal
Internacional de Pasajeros.
Como soluciones, a mediano y largo plazo, las comunidades
indígenas y no indígenas manejan 23 propuestas. Entre ellas destacan el
establecimiento de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en Gran
Sabana, para sean jóvenes nacidos y formados en la zona quienes ejerzan como
policías acá.
Mientras que los voceros de la PEB insisten en la posibilidad
de traer a esta frontera 60 efectivos recién graduados y sin una tachadura en
su expediente.