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| La contaminación de las fuentes de agua es una de las consecuencias más evidentes de la minería. Foto: Cortesía. |
Fundación Mujeres del Agua
Durante el
mes de febrero, el Ejecutivo Nacional lanzó dos decretos vinculados a la
actividad minera y específicamente a su desarrollo en el sur del país, en el
estado Bolívar.
El Nº 2.231,
del 10 de febrero, crea la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras,
Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio del Poder Popular para
Defensa, facultada para realizar "Todo lo relativo a las actividades
lícitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin
que esto implique limitación alguna".
Luego, el 24 de febrero, se
emitió el decreto Nº 2.248 mediante el cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO),
que establece el marco legal para la explotación minera mediante concesiones
sobre una extensión de 111.843 km2.
Adicionalmente,
el presidente Nicolás Maduro firmó memorandos de entendimiento con las 150
empresas, de 35 países, que se incorporan a la exploración y explotación del oro, cobre, diamante, coltán, hierro,
bauxita y otros minerales.
El Arco Minero abarca
la zona norte del estado Bolívar, el noreste del estado Amazonas,
territorios ancestrales de los pueblos baniva, piaroa, yekuana y jivi, y el
llamado el Bloque Especial Icabarú.
Con respecto
a estas decisiones, han surgido varios cuestionamientos que apuntan tanto a los
riesgos ambientales y sociales, como a la falta de una consulta previa, libre e
informada, tal y como la prevé la Constitución, entre los pueblos originarios.
“Nos afecta el
pronunciamiento del Presidente de la República Nicolás Maduro, cuando expresó
ante el país la reactivación del Arco Minero que afecta a toda la región de
Guayana y ahí estamos los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana. Nos
afecta porque se está hablando de una explotación minera, de extractivismo, de
la búsqueda de recursos a un alto costo para nosotros. ¿Por qué?, porque
significa la destrucción de los bosques, de las cuencas hidrográficas de los
ríos más importantes de la Amazonía venezolana”, manifestó Gregorio Mirabal,
coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del
Amazonas (ORPIA), según una nota de Provea.
El Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) precisó en otro
comunicado que, además de ignorar los requisitos establecidos por la
Constitución para proyectos de tal envergadura, el decreto AMO lesiona garantías
fundamentales.
El documento señala
que, en su artículo 25, el decreto afecta los principios de universalidad y
progresividad y los contenidos inherentes al derecho de libre asociación y
reunión al establecer que los intereses del Estado, en maximizar la producción
minera, se encontrarían por encima de los derechos de los particulares, gremios
o sindicatos.
Provea considera
también que en el marco de este decreto se proscribe el derecho a manifestar
pacíficamente y a declararse en huelga.
Menciona en su
comunicado, citando el decreto, que "los sujetos que ejecuten o promuevan
actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones
totales o parciales de las actividades productivas (…) serán sancionados"
y que "Los organismos de seguridad del Estado llevarán a cabo las acciones
inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las
actividades".
El ambientalista
Diego Díaz recordó, en un artículo publicado en el sitio web de Globovisión,
que el polvo emitido por las actividades extractivas, durante la voladura y
arranca de material o durante los procesos de carga, transporte y deposición de
escombros, suele ser altamente contaminante.
Se refirió también
a la deforestación, erosión y pérdida de suelos fértiles, a la contaminación
por sustancias tóxicas, a la alteración de los procesos naturales, a la
modificación del relieve y, por supuesto, a la más lógica y perversa de las
consecuencias de la minería: la contaminación de las fuentes de agua, bien por
metales pesados o metaloides o por las cantidades de materiales que se
depositan en los ríos y manantiales.
Globovisón también entrevisto al abogado, especialista en derecho ambiental, Alexander Luzardo quien advirtió que este plan es un crimen ecológico y un genocidio contra los pueblos indígenas.
Incluso en los
portales web cercanos al Gobierno surgieron voces críticas, por tratarse de un
tema de enorme riesgo ambiental y por tanto social y económico: " las autoridades ambientales
saben lo catastrófico que significa autorizar a esa súper corporación
(Gold Reserve) a explotar el oro al Sur del Estado Bolívar, debido a que
la minería utiliza, de manera intensiva, grandes cantidades de cianuro,
una sustancia muy tóxica que permite recuperar el oro del material
removido", al igual que menciona que para llevar a cabo sus labores
ocupan extensiones de hasta 150 hectáreas y se cavan cráteres de hasta 500
metros", escribió Lenin Cardozo en Aporrea.org.
Aporrea también
difunde en videos declaraciones de Carlos Azpurua y Ana Elisa Osorio alertando
con respecto a lo que se viene.